La denunciante detalló que las citaciones actuales fueron efectuadas por los abogados de los torturadores con el objetivo de volver a interrogarlas sobre denuncias ya realizadas. El equipo de abogadas que trabaja en el caso, señaló Klinger, está integrado por las hijas de dos represores, Rossana Gavazzo y Estela Arab.
Sobre su experiencia en esta nueva instancia, Klinger expresó que representa una forma de revictimizacion «muy dura» al tener que volver a vivir situaciones en las que fueron violentadas. «Al principio la jueza Silvia Urioste me leyó toda la denuncia hecha hace 9 años atrás para consultar si la reafirmaba y quería agregar algo. Después fui interrogada por la doctora Figueredo que insistió en saber como podía yo afirmar que las personas que me habían violentado era quienes yo denuncié». A su entender, existe una intención de deslindar responsabilidades de los represores en los sucesos denunciados, asumiendo que pueden haber sucedido, pero no por parte de quienes fueron señalados.
La ex presa política aseguró que presentó pruebas contundentes contra la persona que denunció y que aparentemente hay militares citados, pero que no sabe quienes son.
Con respecto a los motivos que la llevaron a volver a declarar siendo consciente de la revictimizacion a la que se expuso, expresó: «Mi única expectativa es que me prometí que si salia viva de ese lugar iba a denunciar lo que había pasado ahí adentro», expresó.
«Lo insólito es que todas las pruebas ya fueron presentadas. Este equipo de torturadores que consideraban esto como un trabajo agradable, no tienen explicaciones de por qué abusaron de las mujeres. Las torturas la argumentan como una forma de sacar información, pero la violencia sexual o que a la noche se metieran en tu celda y se masturbaran arriba tuyo no tienen como explicarlo», concluyó.
Una causa empantanada y silenciada
Un documento de opinión difundido recientemente desde la organización Crysol, explica que «las denuncias vinculadas al terrorismo estatal se tramitan bajo el antiguo código del proceso penal, de por sí lento, con una excesiva intervención de los jueces, poca de la Fiscalía Especializada y muy poca incidencia de las víctimas, a diferencia de lo que ocurre en el Nuevo Código del Proceso Penal». Además, agregan que los involucrados y sus abogados defensores hacen uso y abuso de las maniobras dilatorias ante la pasividad, muchas veces, ya demostrada, en estos años, de algunos integrantes de la Suprema Corte de Justicia que las toleran».
Crysol también hace referencia al silencio de los medios masivos en esta causa. Consideran que «a pesar de la gravedad de los delitos denunciados, del número elevado de militares involucrados, de la notoriedad pública de muchos de ellos, algunos ya procesados y con condena firme, la causa de los abusos sexuales no prospera y tampoco ha tenido la repercusión pública que amerita». «¿Qué habrá que hacer para que los espacios informativos serios, de los medios de comunicación masivos, especialmente los televisivos, a las horas picos del rating, las convoquen para que den su testimonio de manera pública?,¿qué habrá que hacer para que se conozca que decenas de torturadores,asesinos y desaparecedores como Gilberto Vázquez, Avelino Ramas, Manuel Cordero y José Nino Gavazzo, entre otros, fueron, además, en Uruguay y Argentina, violadores seriales, especialmente de mujeres?», se preguntan en el artículo.
