Guillén, junto a los policías Winston Vitale y Alejandro Ferreira, fueron imputados por delitos continuados de privación de libertad, abuso de autoridad contra los detenidos y lesiones graves en el centro clandestino Los Vagones, que funcionó en dos locaciones en la zona del Parque Artigas de Canelones, entre finales de los sesenta y 1975, donde Calero y Echeverry fueron detenidos y torturados durante la dictadura en el centro clandestino.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.
ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Una vez enterado de la situación, el secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo, se comunicó con el ministro del Interior, Jorge Larrañaga.
La cartera de seguridad resolvió que el jefe de Policía de Canelones, Victor Trezza, se encargue se seguir el caso, al tiempo que el Dr. Gerson Vila radicó la denuncia la Seccional 1ª de Canelones.
Guillén integró la Dirección de Investigaciones de Canelones y fue identificado por sobrevivientes como uno de los responsables de las torturas en este centro clandestino que al fondo del edificio tenía tres vagones de ferrocarril, dos en los que se recluía a dirigentes sindicales y políticos y otro donde se depositaban las pertenencias de los militantes.
En diciembre de 2019, la investigación se formalizó y los tres policías fueron imputados con prisión preventiva por 120 días a pedidos del fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Perciballe. Hasta marzo, los ex funcionarios cumplieron la prisión preventiva en la cárcel de Domingo Arena, pero en ese mes el juez de Canelones Luis Alberto Sobot les concedió la prisión domiciliaria. La defensa de los acusados la habían solicitado por razones de salud.
La departamental de Canelones del PCU rechazó y repudió estas «amenazas sufridas» por los dos militantes comunistas en un comunicado y les expresa la «total y activa solidaridad».
Además, ratificó el «compromiso» del partido en la «construcción permanente» de una sociedad con «plena vigencia de las libertades democráticas» donde estos actos «merezcan el rechazo de todas las fuerzas democráticas que la componen», finaliza el texto.