Impacto
La decisión generó fuerte impacto en la comunidad educativa: en departamentos como Maipú y Las Heras, la deserción voluntaria alcanzó el 70%, ya que muchos padres optaron por no enviar a sus hijos. La directora de Educación Secundaria de la DGE, Cecilia Páez, defendió la continuidad de las actividades y señaló que "si el miedo nos paraliza, gana la conducta transgresora".
Además de la restricción de mochilas, los colegios implementaron inspecciones en aulas y baños, ingresos supervisados y, en algunos casos, presencia policial en accesos. Las autoridades informaron que hay tres menores identificados por su presunta participación en las amenazas, uno de ellos de 17 años ya imputado. Se advirtió que los padres podrían ser obligados a pagar los costos de los operativos de seguridad, mientras que los estudiantes enfrentarían sanciones disciplinarias y judiciales.
La investigación está a cargo de la fiscalía de Delitos Tecnológicos, que rastrea los mensajes difundidos en TikTok y Telegram. Desde la DGE hicieron un llamado a las familias para reforzar el diálogo y supervisar el uso de redes sociales por parte de los adolescentes.