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Amnistía Internacional Uruguay exhortó las autoridades del gobierno y a las del ex Comcar a realizar una investigación exhaustiva del caso del recluso secuestrado y torturado durante varias semanas.
Pidió expresamente «esclarecer este caso» y brindar «garantías de no repetición a las personas privadas de libertad”.
“Uruguay, Estado parte de la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas y su Protocolo Facultativo, debe garantizar a las personas privadas de libertad. Así como condiciones de vida digna en los centros penitenciarios impidiendo que se den situaciones de malos tratos; tratos crueles, inhumanos o degradantes”, expresa el comunicado de la Institución.
Agrega que “el Estado debe diseñar, implementar y evaluar políticas públicas en materia penitenciaria”, tendientes a “promover una efectiva convivencia en los centros de privación de libertad, desarrollar programas robustos de rehabilitación que brinden oportunidades de reinserción en la sociedad”.