Más allá del éxito que la cuarentena está teniendo en Argentina en el plano epidemiológico, la paralización económica está teniendo consecuencias desoladoras, en particular entre los sectores más frágiles de la producción y el comercio, pero particularmente entre trabajadores cuentapropistas, precarizados y monotributistas.
Incluso, pese a la protección que procura dar el gobierno a los sectores más vulnerables, las empresas de luz y gas están autorizadas a cortar el servicio a los trabajadores que ganan más de dos salario mínimos, lo que también ocurre con jubilados, pensionistas y monotributistas en la misma condición.
A su vez, las asociaciones de consumidores denuncian que ya están llegando intimaciones de pago a usuarios de esos segmentos atrasados en el pago de facturas.
Ante esta situación, el gobierno instituyó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que estipula que las familias que tengan al menos con un ingreso formal mayor a los $ 15.900 (con excepción de la Asignación Universal por Hijo y Embarazo y las empleadas domésticas) quedan excluidas del subsidio, que es de un monto de $ 10.000, lo que es considerado como un criterio demasiado restrictivo en una situación en la que familias enteras han quedado sin ingresos mínimos por la imposibilidad de desarrollar sus tareas habituales.
La razón para desarrollar estas políticas de asistencia segmentadas (y no universales) es la restricción presupuestaria. Y en ese sentido no se puede dejar de lado que durante la presidencia de Mauricio Macri, la deuda externa se incrementó exponencialmente, llegando a ser una de las mayores del mundo. El gobierno de Alberto Fernández ya ha advertido a sus acreedores externos que no va poder pagar los intereses de la deuda durante 2020, dejando en la incertidumbre futuros pagos, con los que se pone al borde del default.
No obstante esa penuria, el Gobierno anunció medidas para responder a la crisis por 550 mil millones de pesos, sin contar los desembolsos para ampliar la asistencia alimentaria a más de 3 millones de personas, la que pasó de 8 a 11 millones. A eso debe añadirse la próxima implementación del Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción –por el cual el Estado asumirá el pago de una porción de la nómina salarial de las empresas de hasta 100 empleados-, la reactivación de los planes Repro –sobre todo para las compañías con más de 100 trabajadores-, y acciones previas como la recuperación de la cobertura al ciento por ciento en remedios para jubilados.
Es decir, el Gobierno viene desplegando un programa de contención inédito, más si se toma en cuenta que deberá extenderlo tanto como dure la cuarentena, como mínimo. Eso significa que los 550 mil millones de pesos actuales seguramente se duplicarán o crecerán más que eso en el balance total de la emergencia por el coronavirus. Para tomar dimensión, los pagos de deuda previstos en el presupuesto de este año en el proyecto que había enviado el gobierno anterior al Congreso, se estipulaban desembolsos por 1,2 billones de pesos. Traducido: dos veces lo que se invirtió hasta ahora en respuesta a la pandemia.
En el marco de una nota más extensa, de la que recogemos algunos datos y extractos literales, Página 12 expresa que «esa ayuda monumental hubiera sido impensable antes de marzo. No entraba en ningún escenario que se pudiera destinar tanto dinero al auxilio social. Tampoco que se pudiera plantear la creación de un impuesto extraordinario a las grandes fortunas, que en este momento es indispensable tanto por la necesidad de fortalecer las arcas del Estado como para enviar un mínimo gesto de equidad en una situación nunca antes atravesada por el país con semejante gravedad».
