Su primera promesa de campaña fue la de bajar la inflación que en 2015, cuando asumió, llegó al 22%. Se jactó de hacerlo inmediatamente porque aplicaría la política económica “más fácil del mundo”. La inflación oficial del año pasado, reconocida por el “saneado” Instituto de estadísticas (Indec) fue del 47,6%, la más elevada de los últimos 27 años, superando inclusive a la de la crisis de 2001/2. Es sin embargo un dato promedial, ya que el transporte público, los alimentos y bebidas y los servicios públicos aumentaron muchísimo más aún. Las tasas de interés, tanto para el consumo cuanto para el capital, superan el 70%, con las inevitables consecuencias en materia de recesión. El desdoblamiento cambiario múltiple que impera en Venezuela (con su ineludible estímulo a la especulación y al mercado negro cuando no a la corrupción) impide realizar la comparación directa con Argentina, pero exceptuándola, Argentina lidera el ranking mundial de depreciación de su moneda con un pico del 100% en 2018, muy por delante de Turquía, Brasil, Indonesia, etc.
No podía faltar dentro del menú neoliberal la reducción de impuestos. En ese sentido, Macri prometió comenzar con la eliminación del impuesto a las ganancias, el que en general en el mundo se denomina IRPF y afecta directamente a los salarios a partir de cierto umbral. No sólo no se eliminó ese impuesto, sino que cuando asumió lo pagábamos 1,2 millones de asalariados y ahora son 2 millones, casi el doble. Se prevé que esa cantidad siga en aumento y pase a alcanzar a los jubilados hasta ahora exentos.
Dentro de ese festival de deseos simulaciones y fe, Macri no dudó en superar a Lula con su plan de hambre cero. Para el argentino la promesa fue directamente pobreza cero. Obviamente las cifras oficiales no sólo no la ubican en cero, sino en una tendencia creciente de 1,6% por semestre a través de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). No debe sorprender, ya que dejó de recaudar impuestos progresivos, disminuyó los subsidios a los servicios públicos y viene eliminando sistemáticamente los programas sociales. La única fábrica que funciona es la fábrica de pobres. La excusa para tales medidas es la habitual cháchara de producir crecimiento a través de la inversión interna y externa, acompañada de la remanida teoría del derrame. Ha habido efectivamente redistribución de la riqueza pero exclusivamente a favor de un pequeño conglomerado de empresas, bancos y terratenientes que potenciaron aún más la fuga de capitales y la inestabilidad económica y cambiaria. La inversión ha estado ausente, salvo la especulativa o rentística-extractiva.
La caída constante del poder adquisitivo de los salarios contrae el mercado interno cuyas primeras víctimas capitalistas son las pymes. Oficialmente el gobierno reconoce en el último año una caída del PBI del 2,4%, pero el FMI lo sitúa en 2,6% en tanto la Cepal y la OCDE en 2,8%. Tomando los 3 años de gobierno macrista, la economía se redujo 1,4% respecto a 2015. La deuda pública creció en casi 93.000 millones respecto a 2015, un 28% en tres años con las consecuencias hipotecarias sobre el futuro, además del dictado de las políticas por el FMI.
La crisis venezolana adquiere efectivamente niveles catastróficos que explican fundamentalmente la diáspora de ingentes proporciones de su ciudadanía. Pero, ¿puede el demoledor gobierno argentino exhibir autoridad alguna para condenar el hambre en el país hermano cuando todos los indicadores económico-sociales lo ubican en un indiscutible segundo lugar en la debacle socioeconómica regional?
Más que anti-Maduro lo de Macri es un ensayo in-Maduro.
