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La propuesta del presidente Jair Bolsonaro al congreso para la actualización de la Ley Antiterrorismo abre brecha para criminalizar a los movimientos sociales.
Según el proyecto difundido el pasado viernes (25) como parte de un conjunto de medidas dirigidas al área de seguridad pública, la definición de terrorismo ahora incluye «acciones violentas con fines políticos o ideológicos».
A pesar de señalar que los actos que pueden catalogarse como terrorismo deben cometerse con el uso de la violencia, especialistas en derecho penal consultados por Folha de Sao Paulo ven espacio para avanzar sobre grupos de la sociedad civil organizada.
Formulado en un año electoral, el paquete legislativo asiente a la base política del presidente. Hay, entre las sugerencias del gobierno, una propuesta para suavizar los castigos a los policías.
Aprobada durante la administración de la expresidenta Dilma Rousseff (PT), la Ley nº 13.260/2016 dice que el terrorismo consiste en la práctica de actos motivados por «xenofobia, discriminación o preconcepto de raza, color, etnia y religión, cuando se cometen con la finalidad de provocar terror social o generalizado, poniendo en peligro a personas, bienes, paz pública o seguridad pública”.
La iniciativa del Palacio del Planalto prevé ahora «el uso premeditado, reiterado o no, de acciones violentas con fines políticos o ideológicos».
«El texto quita la connotación exclusiva de racismo, xenofobia actualmente vigente y la extiende a cualquier movimiento político o ideológico», dice el criminalista y profesor de derecho penal de la USP Pierpaolo Cruz Bottini.