Durante las últimas semanas, cinco presos murieron durante motines para exigir excarcelaciones y medidas de prevención contra el coronavirus. Los internos denuncian que la atención médica que reciben es mala, que están hacinados y que no tienen elementos de higiene para prevenir el contagio. Advierten además que pasan hambre, porque ya no cuentan con los alimentos que les hacían llegar sus familias. La Justicia de Buenos Aires decidió, al menos, atacar en su distrito la superpoblación con “medidas alternativas a la prisión, dando prioridad a las personas en situación de riesgo».
El procurador adjunto de la Nación, Ariel Cejas, sostiene que no alcanza solo con Buenos Aires. “Es necesario extender el beneficio del arresto domiciliario también a las cárceles federales”, donde el hacinamiento supera el 20%, dice. El Servicio Penitenciario Federal tiene identificados 1.200 presos considerados de “riesgo sanitario”. La Procuración pidió a la Cámara de Casación que sume también a los detenidos con condenas menores a tres años, que estén cerca de cumplir una condena por delitos menores o que se encuentren a la puerta de un régimen de libertad asistida.
“Si se cumple la lista elaborada por el Servicio Penitenciario y sumamos lo que pide la Procuración, llegaremos a más de 2.000 personas en arresto domiciliario. Ese número haría más razonable el manejo de la crisis del coronavirus”, dentro de las cárceles, dice Ariel Cejas. En todos los casos, aclara el procurador, el beneficio alcanzará a personas condenadas por delitos no violentos.