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No podemos decir que no hubo indicios. Cabildo Abierto se formó por iniciativa de varios militares retirados que no renegaron jamás de su formación. La familia militar tiene un componente de profunda apropiación, sentimiento de pertenencia y obligación de preservar el honor.
El discurso instalado y naturalizado sobre que las Fuerzas Armadas (FFAA) ya no son lo que eran en la dictadura, que la gente es otra y es injusto responsabilizarla busca construir un desapego, una diferenciación definitiva.
Las FFAA, como los cuadros de fútbol o el Estado, existen más allá de las figuras de turno. La responsabilidad de las torturas, las desapariciones, las violaciones y los asesinatos recae sobre la institución militar, más allá de las personas que la integren. Esta distinción ha sido repetida sin cesar por organizaciones como Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. No es un hecho menor, entonces, que como institución no se pronuncien de forma clara y contundente contra la dictadura (hay que preservar el honor).
Pasaron 47 años desde el golpe de Estado. 47 cumpleaños que militares torturadores pudieron festejar en su casa, 47 cumpleaños que las familias recordaron sin saber dónde están sus hijos. 47 años de silencio.
El excomandante en jefe del Ejército y actual senador, Guido Manini Ríos, presentó un proyecto con los senadores de su partido Guillermo Domenech y Raúl Lozano para derogar la norma interpretativa de la Ley de Caducidad que se aprobó en 2011. Buscan, de acuerdo a la exposición de motivos, “sellar definitivamente un pasado de violentos antagonismos […] con el propósito de lograr una pacificación definitiva”.
Este pasaje del plano discursivo al de la acción legislativa busca restaurar, de una vez y para siempre, la impunidad. La iniciativa es la materialización de intenciones ya expresadas. En abril, el líder de Cabildo Abierto preguntó: “¿Hasta cuándo se seguirá procesando a militares octogenarios por hechos ocurridos hace 50 años?”. Luego de presentar el proyecto arguyó que “ni Jack el Destripador fue perseguido 40 años después”.
Para respetar “distingos del sentir colectivo sin cuyo acatamiento la formulación propuesta puede parecer injusta”, los senadores aseguran que el proyecto de ley debe respetar el “derecho inalienable” a la búsqueda de desaparecidos que padecieron “comprobados excesos represivos”; el derecho a las reparaciones materiales; que “no puede existir una tesitura de penalidad infinita” basada en un “relato que no se condice con la realidad” al hablar “solamente de terrorismo de Estado sin reconocer la existencia de los desbordes violentos del movimiento guerrillero”.
Además, aseguran que con la ley interpretativa no se respetan principios consagrados en la Constitución como la prescripción de los delitos o la imposibilidad de juzgar dos veces por el mismo hecho. En la actualidad los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado no están sujetos a esos condicionamientos.
Los artículos del proyecto abarcan los motivos ya citados y explicitan la derogación de la ley 18.831 que restableció en 2011 la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos durante la dictadura.
Sin entrar en lo que implicaría la restauración de la caducidad a nivel internacional o qué significa para la coalición esta acción, es esencial la importancia política de esta intención. Estamos frente a senadores que afirman impunemente (no me refiero a su derecho a la libertad de expresión, sino a las consecuencias) que hay que perdonar a los torturadores en nombre de la paz.
Manini Ríos sigue, desde el Parlamento, velando por una institución a la que oficialmente ya no pertenece, pero de la que claramente se sigue sintiendo parte porque “uno deja de ser militar cuando se muere”. Y lo hace cuestionando al Poder Judicial, traspasando las fronteras de su rol legislativo en pos de sus propios intereses y los de su grupo de pertenencia. Tal es la transgresión, que los magistrados publicaron un comunicado reforzando la independencia de los tres poderes.
Queda claro que para Manini Ríos, Domenech y Lozano, la pacificación solo se lograría si se restaura la caducidad. Buscar a los detenidos desaparecidos es menester, es un derecho de las familias y una obligación del Estado. ¿Quién dice que es suficiente? ¿A quién le garantiza paz la impunidad de los torturadores?