En las últimas décadas, sin embargo, muchos países han comenzado a cuestionar y revisar estos mecanismos, e incluso a eliminarlos de sus acuerdos. Las razones son múltiples: el alto costo de los litigios y las indemnizaciones que impactan en las finanzas públicas, la falta de transparencia en los procesos y, sobre todo, la percepción de que limitan la capacidad de los Estados para regular en áreas clave como el ambiente, la salud o la política económica. A esto se suma un desequilibrio estructural —donde los inversores pueden demandar a los Estados pero no a la inversa— que ha llevado a gobiernos, especialmente en América Latina y Europa, a replantear estos sistemas en defensa de su soberanía y del interés público.
Sobre la carta a Petro
La carta, que reúne firmas de académicos de prestigiosas instituciones como la Universidad de Columbia, la Universidad de Cambridge, la Universidad de Harvard, la Escuela de Economía de París, la Universidad de los Andes y la UNAM, también cuenta con el respaldo del economista colombiano José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda del actual gobierno y exsecretario general adjunto de Naciones Unidas para Asuntos Económicos.
El principal argumento del documento es que el sistema de arbitraje de inversiones se ha convertido en un obstáculo significativo para avanzar en la transición energética. Según los firmantes, cuando los gobiernos adoptan políticas orientadas a reducir el uso de combustibles fósiles —como regulaciones ambientales más estrictas o cambios en los marcos normativos— quedan expuestos a demandas millonarias por parte de empresas afectadas.
En este sentido, los académicos advierten que el temor a enfrentar litigios internacionales puede limitar la capacidad de los Estados para implementar políticas públicas necesarias en materia ambiental y de desarrollo sostenible.
Asimismo, la carta cuestiona el argumento tradicional que sostiene que estos mecanismos son imprescindibles para atraer inversión extranjera. Los firmantes señalan que no existe evidencia concluyente que respalde esta afirmación y plantean que, por el contrario, el sistema puede generar costos elevados para los países, tanto en términos financieros como de autonomía regulatoria.
La iniciativa se inscribe en un debate global creciente sobre el rol de los acuerdos de protección de inversiones y su impacto en la capacidad de los Estados para definir sus políticas económicas, sociales y ambientales. En el caso de Colombia, el llamado de los académicos busca abrir una discusión sobre la conveniencia de mantenerse dentro de un sistema que, según sostienen, puede entrar en tensión con los objetivos de desarrollo y transición energética del país.
Para Colombia, el riesgo es concreto. El gobierno de Gustavo Petro ha detenido la firma de nuevos contratos de exploración de hidrocarburos, pero el país mantiene 129 proyectos del sector cubiertos por acuerdos que incluyen el arbitraje de inversión, lo que lo expone a potenciales reclamaciones por miles de millones de dólares. En este contexto, un informe del Relator Especial de la ONU sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente ha caracterizado este mecanismo como un sistema que equivale a “pagar a los contaminadores”. Los firmantes de la carta recuerdan, además, que el propio gobierno colombiano anunció en noviembre de 2024 su intención de renegociar los tratados de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea en lo relativo a los laudos arbitrales, e instan a profundizar ese camino, transformando esa decisión en una postura de liderazgo internacional en la materia.
Crecen las críticas y reformas al arbitraje de inversión a nivel global
En los últimos años se ha consolidado una tendencia internacional —particularmente en América Latina y Europa— hacia la revisión, reforma e incluso eliminación del sistema tradicional de arbitraje de inversión entre inversores y Estados (ISDS, por sus siglas en inglés). Este mecanismo, históricamente utilizado para proteger inversiones extranjeras fuera de los tribunales nacionales, enfrenta cuestionamientos crecientes en torno a su legitimidad, costos y efectos sobre la soberanía de los países.
Uno de los principales ejes de crítica es la crisis de legitimidad del sistema. Diversos gobiernos y especialistas señalan que los procesos arbitrales suelen ser poco transparentes y, en muchos casos, percibidos como sesgados en favor de los inversores. Este cuestionamiento ha llevado a varios países a revisar su permanencia en tratados de inversión o a replantear las cláusulas que habilitan estos mecanismos.
En paralelo, han surgido propuestas de reemplazo. La Unión Europea, por ejemplo, impulsa la creación de un tribunal internacional permanente de inversiones, con reglas más claras y mayor institucionalidad, en contraste con el modelo actual basado en tribunales ad hoc. A su vez, se plantea fortalecer los sistemas judiciales nacionales como vía principal para la resolución de controversias.
Otro punto central es la limitación a la capacidad regulatoria de los Estados. Países como Ecuador han recomendado eliminar cláusulas ISDS para asegurar que los gobiernos puedan legislar en áreas clave —como el ambiente o lo social— sin enfrentar el riesgo de demandas millonarias. Este aspecto se vincula con el creciente debate sobre el rol del Estado en la transición energética y la protección de derechos.
Las estadísticas también alimentan el debate. Si bien los Estados ganan una parte significativa de los casos, los inversores han obtenido resultados favorables en aproximadamente el 60% de los arbitrajes entre 1987 y 2017, lo que ha incentivado a muchos países a limitar su exposición a este tipo de litigios.
En América Latina, una de las regiones más demandadas bajo este sistema, se observa un proceso de revisión más intenso sobre la utilidad de los tratados bilaterales de inversión y los mecanismos de arbitraje internacional. Como resultado, los nuevos acuerdos tienden a ser más restrictivos, acotando la definición de inversión, limitando los derechos de los inversores o, en algunos casos, eliminando directamente el arbitraje.
A pesar de estas transformaciones, el arbitraje internacional no ha desaparecido, sino que se encuentra en una fase de evolución. Las reformas en curso buscan encontrar un equilibrio entre la protección de la inversión extranjera y el derecho soberano de los Estados a definir sus políticas públicas, en un contexto global donde estas tensiones son cada vez más visibles.
