Según informó Castillos, relata Prensa Latina (PL), en los intercambios mantenidos, “predominan los consensos por encima de las discrepancias entre ambas partes”.
Ello ha permitido, “la firma de un acuerdo entre el Ministerio de Salud y el Colegio Médico antes de promulgar la normativa el miércoles pasado, pese a los intereses políticos de algunos que insisten en desconocer ese convenio, agregó el ministro de Gobierno.
Entre los temas debatidos se encuentran el control de precios de los medicamentos e insumos, la prohibición de la suspensión del servicio de salud y la contratación de personal médico extranjero. Al respecto el representante del gobierno de Luis Arce, “denunció que el candidato a la Alcaldía de La Paz por el frente Unidos, Luis Larrea, apoya el paro debido a la caída en las encuestas y busca incrementar de ese modo su caudal electoral”.
Al mismo tiempo celebró el compromiso del 69 por ciento de los médicos, quienes no acataron el paro.
La cifra del número de no adheridos al paro fue publicada por la Defensoría del Pueblo, quien informó también del rechazo de la sociedad civil al mismo.
Con respecto a la Ley de Emergencia Sanitaria, Castillos fue enfático al afirmar que “protege a los bolivianos, evita la mercantilización de la salud, además de regular y controlar los precios de los medicamentos para evitar sobreprecios en las farmacias”.
La mencionada ley es una normativa, un “instrumento legal para enfrentar de forma eficaz futuras crisis en el sistema de salud de Bolivia”, y entre sus objetivos se destaca el control de los precios de las clínicas privadas, buscando “eliminar las facturas exageradas e impedir depósitos previos o anticipos”.
En la conferencia de prensa, destaca PL, el titular de Gobierno “ratificó la disposición de continuar con la inmunización masiva del personal de salud que trabaja en la primera línea”.
