Según la organización, en el transcurso de las gestiones, representantes de Antel expresaron, “entre otras declaraciones”, que las políticas de la empresa pública estaban “en contra de un festival que tiene por objetivo promover, reivindicar y exigir la visibilidad de las identidades disidentes y el reconocimiento de los Derechos Sexuales como Derechos Humanos”.
Ante los hechos, el colectivo presentó una denuncia ante la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo del Uruguay (INDDHH).
Llamale H cita una resolución de la INDDHH, con fecha del 3 de agosto de 2021, la cual determinó que Antel “no realizó todos los esfuerzos a su alcance para la emisión del festival y la consiguiente difusión de los derechos del colectivo”, y según la cual se recomendaba al ente a emitir una comunicación dirigida al colectivo, reconociendo la situación.
En el comunicado, también se cita que la INDDHH no encontró “elementos para determinar que Antel vulneró los derechos del colectivo LGBTIQ+».
Asimismo, la resolución citada por el colectivo establece que el convenio para transmitir el festival era originalmente competencia del ICAU, y que éste organismo “tampoco agotó todos los medios posibles para la realización del festival”.
En la declaración difundida por Llamale H se anuncia la decisión de presentarse “a la brevedad” ante la Justicia “en pro de determinar las responsabilidades pertinentes”.
