Otro factor determinante, para las organizaciones, es la identidad de las víctimas. De los 702 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados, la mayoría pertenecían a minorías y comunidades rurales. Desde la firma del Acuerdo, 499 víctimas de homicidios han sido líderes campesinos, indígenas, afrodescendientes y comunales. Los crímenes también tendrían una relación con la construcción de género. De los 702 asesinatos registrados, 604 víctimas fueron hombres y 98 mujeres.
La causa presunta que más incide en estos asesinatos es el conflicto de tierras. Según el informe, gran parte de los asesinados defendían el territorio y los recursos naturales, pues representan el 71.08 % de los homicidios. Por otro lado, las muertes que estarían relacionadas con cultivos de coca, ya sea pactos de sustitución o erradicación forzada, suman 77 desde la firma del Acuerdo. Esta se descompone así: dos en 2016, 20 en 2017, 44 en 2018 y 5 en 2019.
Entre los presuntos autores de los homicidios, el informe resalta a exmiembros de grupos paramilitares, grupos armados ilegales como el ELN y el EPL, así como miembros de la Fuerza Pública o grupos armados residuales. Para amenazar a sus víctimas, estos actores recurren a diversas tácticas entre panfletos, llamadas y mensajes por chat o redes sociales, que son difundidas tanto en áreas urbanas como en el campo.
El movimiento Marcha Patriótica, que también participa como autor del informe, asegura que 200 de sus integrantes han sido asesinados desde su creación. De estos, 77 casos han ocurrido desde la firma del Acuerdo. Según el movimiento, en 20 de los 32 departamentos de Colombia se han presentado homicidios en contra de sus integrantes. (Fuente: El Espectador)
