En tanto, el Gobierno pasado eliminó el pago del canon de uso del espectro radioeléctrico a canales de televisión y otros medios y se otorgó el derecho a los cableoperadores, también de los canales privados, a competir con Antel en el negocio de venta de datos, sin invertir y utilizando la plataforma de fibra óptica estatal. Además, el Fondo Nacional Audiovisual financió programas de entretenimientos de los canales privados. Estas inmorales entregas fueron retribuidas por el oligopolio mediático con rigurosa obsecuencia.
En los tres primeros gobiernos del Frente Amplio fueron amplificados casos judiciales, algunos de ellos de presunta corrupción. No sucedió lo mismo con la vereda de enfrente, ya que siempre se minimizaron los terribles delitos de corrupción del gobierno de Luis Lacalle Herrera que terminaron con más de una decena de sentencias condenatorias y otros ilícitos que quedaron impunes. No en vano, el Partido Nacional tiene más de sesenta denuncias penales por corrupción desde 1985, y el Partido Colorado 49. Sin embargo, todo quedó en la nebulosa de un país sin memoria y por el maquillaje de los medios afines. Ahora, la estrategia de enchastre sigue por las irrisorias deudas privadas del presidente. Hay desprolijidad, pero no delito.
En efecto, antes era el affaire de la camioneta y ahora la deuda del Impuesto de Primaria que mantenía el presidente Orsi por dos inmuebles de su propiedad y, al no haber declarado a la Dirección Nacional de Catastro, siempre en el terreno de los supuestos, algunas mejoras y ampliaciones en dos propiedades de la familia. La deuda por el Impuesto de Primaria, que ya fue saldada, asciende a 5.500 pesos, como puede adeudar cualquier modesto propietario, y la regularización ante Catastro, por obras realizadas en una barbacoa y una piscina, está en trámite de regularización.
La información fue difundida en una radio siempre afín a la derecha desde su fundación. Desde la presidencia, la situación fue explicada detalladamente. Sin embargo, el contubernio coaligado vio nuevamente un filón para volver a atacar al presidente en su honorabilidad. El primero que lanzó la piedra fue el Partido Colorado, una colectividad que pasó a la historia no sólo por casi medio centenar de casos de corrupción, sino también por haber perpetrado todos los golpes de Estado de la historia y colaborar con la dictadura desde cargos de confianza política. ¿Qué decir del Partido Nacional, que, a pesar de haber gobernado únicamente tres períodos en el siglo XX e integrar tres gobiernos de coalición en este siglo, es el partido más corrupto del sistema político nacional, con más de sesenta causas penales desde 1985?
Las irregularidades en el ámbito privado ameritan sólo sanciones administrativas, como multas y recargos, salvo que se trate de una gigantesca evasión impositiva, En cambio, las irregularidades en el ejercicio del poder, siempre dependiendo de su gravedad, pueden terminar en la Justicia penal, cuando tienen apariencia delictiva.
No tenemos claro si políticos blancos y colorados adeudan tributos u omitieron declaraciones al BPS o a Catastro. Estos son temas privados. Las que me interesan son sus acciones con apariencia delictiva, que se remontan en el tiempo a los casos de corrupción del gobierno de Luis Lacalle Herrera y a varios escándalos registrados en el período pasado, como el del excustodio presidencial Alejandro Astesiano, que ameritó reproche penal, aunque este delincuente sólo fue penalizado por su participación en el negocio de los pasaportes falsos, tras lo cual la fiscal blanca Gabriela Fossati blindó al presidente Lacalle Pou y otros delitos se fueron diluyendo. Este personaje operaba con total impunidad desde la Torre Ejecutiva.
Tampoco fue una mera irregularidad la entrega en tiempo récord de un pasaporte al narco Sebastián Marset, que le permitió evadirse de una cárcel emiratí. El documento fue otorgado pese a que el canciller Francisco Bustillo y el ministro del Interior de la época, Luis Alberto Heber, estaban enterados del prontuario del delincuente y le mintieron a cara de perro al Senado. Este hecho quedó impune por falta de pruebas, aunque se presume, con fundamentos, que habría delito. Incluso, está abierta, hace tres años, una causa por la presunta destrucción de documentos públicos relacionados con el caso Marset, fraguada en una reunión secreta que se realizó en la Torre Ejecutiva, a la cual Lacalle Pou “pasó a saludar”. El autor del delito sería el exasesor presidencial Roberto Lafluf, y nadie se puede digerir que el mandatario no estaba enterado.
Por supuesto, además de licitaciones manipuladas, concesiones y compras sospechosas con sobreprecios, exoneraciones a donantes de campaña y familiares de gobernantes de la época y la adjudicación discrecional de viviendas, que no fueron derivadas a la Justicia, hoy tenemos viva la estafa por la compra de las patrulleras oceánicas al astillero Cardama en cuyo proceso de adjudicación se violaron groseramente todas las normas en la materia, lo cual configura abuso de funciones por parte del exministro de Defensa Nacional, Javier García, con el aval del expresidente Luis Lacalle Pou. Además, ya está en Fiscalía la denuncia por las abusivas compras de ASSE a una mutualista a la cual está vinculado el expresidente del organismo, Leonardo Cipriani, lo cual configuraría, en caso de ser probado, un delito de conjunción de intereses. No son irregularidades ni meras deudas privadas con el Estado. Son delitos o, por lo menos, actos con apariencia delictiva, a los que se suma la escandalosa absolución del intendente de Soriano Guillermo Besozzi, imputado de siete delitos de corrupción.
Lo insólito es que el presidente del directorio blanco, Álvaro Delgado, calificó al gobierno de Orsi como “el peor desde 1985”. Olvidó el ruinoso gobierno de Jorge Batlle, que hundió al país en la peor crisis de su historia. Fue un gobierno de coalición, con participación del Partido Nacional, cuya responsabilidad en el desastre es inocultable.
