Si intento poner un orden mínimo en estas reflexiones, enseguida aparecen tres poderosos términos relacionados íntimamente entre sí. Memoria, historia, democracia. ¿Pero cómo diseccionar su vínculo? Podríamos intentar una aproximación, diciendo que en un país mancillado por los crímenes de Estado y por la corrupción desenfrenada, no existe verdadera democracia, sino más bien una tímida transición hacia su consolidación. Y lo mismo podría decirse respecto a la memoria. El problema de las transiciones es que a veces son demasiado largas, y en el camino terminan por quebrarse. Esto que ha pasado en los últimos años en España (acabo de ver la magnífica serie Patria, sobre las acciones de ETA), y que se reedita de manera cíclica en toda América Latina, demuestra la transitoriedad y la eterna fragilidad de la democracia, en especial cuando cae en malas manos; o sea, cuando sus representantes están mayormente imbuidos de intereses peleados a muerte con la voluntad popular. En el caso de Uruguay, además, la memoria y la historia padecen de cierto trauma, derivado de los elementos antropológicos relacionados con la violencia vivida desde la última dictadura cívico militar, entre los cuales se destaca el miedo, una emoción humana tan típica como paralizante. Creo que la memoria, en el caso de Uruguay, está condicionada en buena medida por ese miedo (que es, en realidad, muy viejo, y que ha estado presente en nuestra historia por lo menos desde el Éxodo del pueblo oriental, pasando después por más de cuarenta guerras civiles en el siglo XIX), que lleva a una concepción idealizada, y por lo tanto alejada de la realidad, de la democracia, cuyo nivel de desviación me parece notorio desde 1985. Esto, con la excepción de algunos intentos de reinstitucionalización llevados a cabo durante los gobiernos del Frente Amplio, cuyo período de gobierno tampoco alcanzó para mucho, pues quince años pueden ser bastante en materia político partidaria, pero bien poco en atención a desarrollos amplios de planes en perspectivas tan ambiciosas como lo son la reparación de crímenes de estado, la reasunción del timón democrático por parte de la ciudadanía y el más extenso conjunto de objetivos sociales y económicos en pro de un estado de bienestar. La gestión de las violencias pasadas resulta esencial para cualquier pueblo, como le ocurre a un sujeto individual sometido a terapia. Es urgente, sobre todo, para evitar las recaídas en la violencia, como acertadamente expresa Anastassiadis sobre el caso griego. Los hechos de violencia y de crímenes de Estado, al igual que ocurre con los de la corrupción, no constituyen otra cosa en el fondo que una grave ruptura del pacto social. Y eso nos daña a todos, como sociedad y como comunidad, y no solamente a unos pocos. Como dice Rousseau: “Del mismo modo que la voluntad particular se agita sin cesar contra la voluntad general, se esfuerza continuamente el gobierno contra la soberanía. Cuanto más aumenta este esfuerzo, tanto más se altera la Constitución, y puesto que no existe aquí ninguna voluntad de cuerpos que, resistiendo a la voluntad del Príncipe, la contrapesen, tiene que ocurrir más pronto o más tarde que el Príncipe llegue a oprimir al soberano rompiendo el tratado social. Tal es el vicio inherente e inevitable que desde el nacimiento del cuerpo político tiende sin tregua a destruirlo, del mismo modo que la vejez y la muerte destruyen el cuerpo del hombre”. Si esto no es el colmo de la arbitrariedad y de la injusticia, no sé lo que es. Sigo preguntándome qué lugar ocupa en todo esto la memoria, y cuándo llegará el día en que podamos demostrar, todos juntos, en pie de igualdad y más allá de nuestras diferencias políticas (enmarcadas eso sí en el estado de derecho), que no sufrimos de amnesia cívica.
