Las Zonas Francas, que son una suerte de paraísos fiscales con estatus privilegiado, están exentas del pago del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas y del Impuesto al Patrimonio. Asimismo, las mercaderías, materias primas y bienes de capital que ingresan por este régimen no pagan tampoco aranceles ni impuestos a la importación. Aunque generan empleo de calidad con altos salarios, la cantidad de puestos de trabajo no justifica tantas dádivas. ¿No será el momento de revisar algunos de estos beneficios, como sugirió el Fondo Monetario Internacional cuando consideró que las exoneraciones en Uruguay son desmesuradas? Claramente, no.
Está totalmente naturalizado que empresas extranjeras de gran porte ganen mucho dinero aportando poco o nada y en cambio las pequeñas y medianas empresas sean las que sostengan la economía y el empleo recibiendo menos beneficios. En realidad, son las pymes las que generan bienestar a los uruguayos, mientras el gran capital genera riqueza para sí mismo y, en la mayoría de los casos, ésta se gasta en el exterior.
Por ende, el impacto económico que tienen en la calidad de vida de los uruguayos es mínimo, aunque exportan y producen bienes en áreas muy concretas y focalizadas como la tecnología y la logística. Nadie niega que generen trabajo aunque sea escaso, pero éste no es suficiente para apalancar el PBI y menos aún el consumo interno.
Si el sector privado abonara buenos salarios, más trabajadores tributarían el Impuesto a la Rentas de las Personas Físicas, que grava apenas al 32 % de los asalariados. Quiere decir que un 68 % de los empleados percibe menos de 48.048 pesos nominales, lo cual para una familia tipo es irrisorio, ya que, si no tiene una vivienda propia, debe arrendar. En Montevideo el alquiler promedio del un inmueble de dos dormitorios cuesta 38.853 pesos, aunque, según su ubicación, puede costar entre 22.000 y 30.000 pesos en zonas muy alejadas del centro y hasta 60.000 pesos mensuales en áreas urbanas costeras, donde residen los uruguayos de mayor poder adquisitivo. Por ende, quienes perciben salarios que no superan el mínimo no imponible no pueden sostener a sus familias ya que, en muchos casos, el arrendamiento equivale a la mitad de sus ingresos y, en otros, aún más. Es claro que el costo salarial no es tan alto y tampoco los tributos al capital tienen un peso tan importante, como denuncian las cámaras empresariales.
Para acceder a beneficios fiscales, como exoneraciones de IRAE o bien del Impuesto al Patrimonio, las empresas deben asumir compromisos en generación de empleo, exportaciones, descentralización, tecnologías limpias e investigación. No está tan claro que el Estado controle con rigurosidad que se cumpla con estas contraprestaciones, que cuestan millones de dólares en exenciones. En cambio, los trabajadores tributamos, sin ninguna excepción, el Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto Específico Interno y el Impuesto a la Rentas de las Personas Físicas. En ese contexto, pagamos entre un 8 % y un 10 % más de impuestos que los ricos.
Sin embargo, desde la oposición, el proyecto de asignación única para la infancia incluida en el texto de la Rendición de Cuentas reactivó cuestionamientos sobre el destino de los recursos y las contraprestaciones. Las críticas carecen de evidencia empírica y, en cambio, queda demostrado que los programas tienen efectos positivos en diversos indicadores sociales.
El anuncio de la creación de la Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia, con la consecuente unificación de las asistencias destinadas a las familias de menores recursos, despertó un acalorado debate acerca del impacto de las transferencias, la existencia de contraprestaciones para el cobro y el uso que le dan al dinero los beneficiarios. Muchas de estas dudas ya han sido saldadas por la academia y contradicen, mediante un sólido sustento empírico, falsos prejuicios. En efecto, no es cierto que las familias de menores ingresos destinen esos recursos a la compra de alcohol, cigarrillos u otros bienes prescindibles, sino a la alimentación y los productos de higiene. Al respecto, las investigaciones corroboran que las transferencias no aumentan el gasto en bebidas alcohólicas ni en tabaco. El caso más ilustrativo es la Tarjeta Uruguay Social, que solo puede utilizarse en comercios adheridos y excluye la compra de otros artículos que no sean alimentos y productos de higiene.
Un trabajo del Instituto de Economía de la Udelar publicado hace tres años confirma que dichas restricciones tienen un efecto muy acotado en el consumo, ya que, antes de que las transferencias existieran, las familias gastaban más en esos productos de consumo esencial que el monto que ahora reciben.
Los cíclopes de la mitología griega
En el caso de las Asignaciones Familiares-Plan de Equidad, creadas en 2008, se exige la matriculación y asistencia educativa, además de controles de salud, requisitos que entraron en vigencia cinco años después del otorgamiento de estos beneficios. Según un estudio del Ministerio de Desarrollo, el 90 % de lo transferido en dinero se destina al consumo de lo esencial y no hay nada superfluo. Incluso, estos beneficios tuvieron sí un impacto muy relevante en la asistencia y permanencia en el sistema educativo y, ulteriormente, en el ingreso de los beneficiarios al mercado de trabajo formal. Además, incidieron positivamente en la reducción de la pobreza en familias con menores a cargo, que alcanzó al 23 %. Por ende, no votar en el Parlamento el nuevo sistema es condenar a los menores pobres de hoy a ser los adultos pobres del mañana. Es una actitud clasista y discriminatoria. Evidentemente, son como los cíclopes de la mitología griega, pero el único ojo no lo tienen en el centro de sus tóxicas cabezas sino a la derecha.
