Gianoli adelantó que la denuncia será “por todas las acciones que quedaron comprobadas, de personas [Marsiglia y Rojas] que no estaban legitimadas para realizar acciones en el Ministerio de Defensa”, en el marco del caso Cardama, desde que inició el gobierno del Frente Amplio, en marzo de 2025, y que “recién fueron legitimadas” en sus cargos –por una resolución– en junio de 2025.
“O sea, dos operadores políticos que firmaron expedientes, sacaron conclusiones e hicieron careos y pesquisas; todas cosas que a nuestro entender son irregularidades graves, avalados por la ministra”, señaló. Consultado sobre qué delito se les puede tipificar, el diputado nacionalista dijo que eso lo hará la Justicia, porque los legisladores no están para tipificar, “pero que se analice todo”.
Por último, Gianoli señaló que por ahora la denuncia será impulsada solo por legisladores de la coalición, es decir, de los partidos Nacional, Colorado e Independiente, pero este lunes conversarán con integrantes de otras filas de la oposición para ver si pueden “avanzar con algún otro”.
Lazo defendió a sus colaboradores
Por su parte, el senador del Frente Amplio Nicolás Viera, quien también integró la comisión, dijo a la diaria que “cada uno puede hacer la denuncia que le parezca”, ya que para denunciar “no hay que tener razón, sino ganas nomás”. “Nosotros entendemos que las explicaciones dadas por la ministra Lazo en la comisión son sumamente claras y alcanzan para dar respuesta a las dudas que los legisladores de la oposición plantearon sobre estos dos funcionarios”, finalizó.
El 3 de agosto, cuando asistió a la comisión, Lazo dijo que la información brindada sobre este tema durante el período de transición con el gobierno de Luis Lacalle Pou “fue muy general y no se recibieron informes jurídicos, económico-financieros y técnicos sobre el contrato de parte de las autoridades salientes”, y “tampoco se recibió información sobre el proceso de aceptación y características del contrato, en particular, de las garantías”.
Señaló que toda esa dificultad al inicio de la gestión determinó que, “a efectos de tener pleno conocimiento del real estado de situación del contrato, haya tenido que requerir al personal de confianza que integra el equipo de gestión ministerial“ para que “realizara una compilación de toda la información dispersa”.
“A esos efectos, se conformó un grupo de colaboradores integrado por los señores Damián Rojas, Daniel Marsiglia y el doctor Alfredo Maeso. Esa tarea encomendada al equipo de confianza de la ministra no constituyó, en ningún momento ni bajo concepto alguno, ningún tipo de investigación administrativa ni tampoco perseguía fines de carácter disciplinario, sino que se trató meramente de poder tener mejor conocimiento de la situación desde el punto de vista administrativo, jurídico, económico-financiero y también técnico, y a partir de ello adoptar las decisiones que pudieran corresponder”, apuntó la ministra.
