Mientras las ultraderechas primermundistas se autoexcluyen de violencias atribuyendo los fracasos a una otredad foránea, las argentinas y rioplatenses en general abrazan una postura diferente. Lejos de ser refractarias a la inmigración necesariamente, y menos aún a la radicación de capitales, cualquiera sea su procedencia y rubro de inversión, imitan el papel de “la Malinche” con Hernán Cortés, ofreciendo hospitalidad y amable mediación al emprendedorismo conquistador. En este escenario, someten tanto material como simbólicamente al desprotegido. La discriminación que practican no se basa tanto en parámetros étnicos como en criterios de clase, aunque estos últimos se vean hábilmente encubiertos por la inculpación a la clase política etiquetada despectivamente como “casta”. Este desplazamiento retórico permite a la ultraderecha argentina presentarse como renovadora y protectora del interés popular, mientras perpetúa y agrava las desigualdades estructurales. En este juego paradojal, la hospitalidad al capital se complementa con la más cruda hostilidad hacia el desposeído, como reflejo de las más complejas y sutiles maniobras de poder contemporáneas.
El reconocimiento de los privilegios detentados por quienes ejercen las funciones políticas no es novedoso, sino que, por el contrario, fundaron una de las ramas cardinales de la filosofía política, antes inclusive que la sociología naciera y se interrogara por la estratificación social. Sin embargo, en tiempos antiguos, este reconocimiento carecía del tono peyorativo que hoy lo envuelve. Ya Aristóteles concebía una distinción entre gobernantes y gobernados, donde la polis constituía el nivel más alto de organización, permitiendo una vida virtuosa y autosuficiente, a diferencia de la sociedad civil que, sosteniéndola, incluía familias y aldeas. En la cuna de la modernidad, por citar algunos ejemplos, la sociedad política, entendida como Estado, tenía la función de evitar el estado de naturaleza del “todos contra todos” de la sociedad civil y, como en el Leviatán de Hobbes, imponer orden. En Locke, el Estado se concebía como protector de derechos naturales o en Hegel encarnando la voluntad ética universal y la libertad objetiva por oposición a la esfera de las relaciones económicas y la vida privada. Filósofos que, cada uno con su énfasis, entendían la función del Estado y la sociedad política como esencial para la construcción de la sociedad, sin demonizaciones.
La asociación mecánica y hasta sinonímica entre “casta” y “sociedad política” adquiere en Milei el estatus de muletilla propagandística prioritaria. Ciertamente este concepto, tan reiterado y simplificado, ha sido abordado de diversas maneras en la sociología, donde tradicionalmente se ha abordado como una forma de estratificación social rígida y jerárquica. A pesar de las diferencias en los enfoques, subyace una preocupación común por el modo en que las estructuras sociales determinan el estatus y las oportunidades de los individuos. En los clásicos de la sociología, la referencia original inevitable es el sistema de organización social de la India, una analogía que ya hemos aludido en algún artículo pasado. Max Weber, partiendo de la sociología de la religión, describe las castas como grupos sociales cerrados que determinan el estatus y las oportunidades económicas de los individuos. Las castas para él son la forma extrema de estratificación social, donde la movilidad social es prácticamente inexistente, consolidando así una jerarquía implacable. Por su parte, Émile Durkheim, también interesado en el estudio de la religión y la sociedad india, desplaza al análisis hacia la solidaridad social y la división del trabajo. Analiza en particular cómo las castas contribuyen a la cohesión social y la estabilidad del orden social. En su visión, estas estructuras rígidas, aunque restrictivas, juegan un papel crucial en mantener la diferenciación y la especialización de roles en una suerte de equilibrio de la sociedad.
Más cerca en el tiempo, aunque personalmente lo considero ya un clásico de la sociología, Pierre Bourdieu, al introducir el concepto de campo, lega una herramienta afilada para analizar con mayor precisión la utilización del término casta en el discurso de Milei. Bourdieu define un campo como un espacio social estructurado de posiciones y relaciones, donde los agentes y sus instituciones compiten por los diferentes tipos de capital (económico, cultural, social, simbólico) que son específicos de ese campo. En este sentido, el campo político es un ámbito donde diversos actores luchan por el poder y la influencia, y donde las reglas del juego y las formas de capital son particulares y específicas. De este modo, la oposición entre casta y outsider que el discurso despliega, representa en los primeros a aquellos que ya ocupan posiciones de poder dentro del campo político, utilizando sus recursos y capitales para mantener su estatus. Contrariamente, Milei se pretende como alguien que desafía las normas establecidas del campo y que, por tanto, no está contaminado por la corrupción y la ineficacia atribuidas a la "casta". El término "casta" en consecuencia se usa como herramienta de lo que para Bourdieu es el capital simbólico. Al desacreditar a la clase política establecida, como enemigo omnipresente, Milei busca acumular capital simbólico presentándose como el portador de la verdadera legitimidad y la voluntad popular.
De este modo, su discurso promete una redistribución del poder dentro del campo político, que en verdad implica un desplazamiento para integrarse al mismo campo, reconfigurándolo. El habitus de la "casta política", es decir, las disposiciones y prácticas internalizadas que guían su comportamiento, es retratado negativamente para proponer un nuevo habitus, basado en la negación y vuelta a la espalda de las funciones legislativas y la deliberación, del ejercicio de una retórica incendiaria y cruel, estableciendo una conexión directa con el pueblo, sin mediaciones, a través de las redes. Busca romper con las formas tradicionales de hacer política, presentándose como una alternativa fresca, auténtica y fundamentalmente más eficaz, consciente de que la ausencia de eficacia constituyó un factor cardinal de erosión de la legitimidad de todos sus antecesores.
Mientras los seguidores entonan cada vez más enardecidos las consignas de la rebelión de principios de siglo, el Gobierno, paradójicamente, teje más pactos con los denostados miembros de la casta y anuda compromisos con la realpolitik. Como sostuve en el artículo pasado, la colaboración de “la casta” ha sido inestimable, como a la vez los favores por ella recibidos. Sin embargo, lejos de atenuar la ruina del impacto social, agrave la situación, como lo evidencia la curva descendente de todos los indicadores socioeconómicos. La brecha entre el discurso incendiario y la realidad económico-social se ensancha, permitiéndome inferir la irrupción de un estallido, aunque hoy se conciba como imposible. Obviamente queda abierto el interrogante sobre el cuándo.
Una respuesta posible podría ser cuando la entonación del “que se vayan todos” vuelve a las gargantas sociales originarias. En cuyo caso, la pregunta ya no será cuándo, sino qué alcance tendrá ese nuevo “todos”.
