El programa de gobierno del siguiente período, 2010-2015, se centró en consolidar los frutos del primer gobierno y en profundizar las reformas estructurales para garantizar un desarrollo sostenido y equitativo. Subrayó la necesidad de mantener la estabilidad macroeconómica, promover la competitividad y la innovación, y fortalecer las políticas sociales para continuar reduciendo la pobreza y la desigualdad. La equidad en la distribución del ingreso y la riqueza se erigió como un pilar fundamental, junto con la participación activa del Estado en la economía. Además, se abogó por avanzar en la descentralización y la participación ciudadana como motores de un Uruguay más inclusivo. En esta etapa nació la Universidad Tecnológica, se despenalizó el consumo de marihuana y el aborto, se instituyó el matrimonio igualitario, se iniciaron los juicios a militares acusados de delitos de lesa humanidad, y se promulgaron las leyes de fertilización asistida, inclusión financiera, descentralización política y participación ciudadana. Obviamente se profundizó el incremento de los salarios y de expansión de los servicios sociales, además de la ley de responsabilidad penal empresarial.
El programa del tercer período de gobierno (2015-2020) se propuso consolidar los avances logrados en las administraciones anteriores, poniendo un énfasis renovado en el impulso productivo, con especial atención en una matriz energética sustentable y la protección del entorno natural. Este periodo giró en torno a la transformación democrática del Estado y la participación ciudadana, fortaleciendo los cimientos de una sociedad más inclusiva. Ejemplos de estos aspectos son el sistema de cuidados y la creación del Fondo para el Desarrollo.
La derrota de 2019, que abrió las puertas al actual Gobierno de coalición derechista, frustró la ejecución del programa previsto para el quinquenio 2020-2025, un programa que se estructuraba en torno a cinco desafíos clave: desarrollo, igualdad y diversidad, integración e inclusión, democracia, e inserción regional e internacional. Este programa ponderaba, con más énfasis que nunca, un modelo de desarrollo que garantizara la expansión de las libertades y capacidades de la sociedad, manteniendo un delicado y complejo equilibrio entre crecimiento económico y protección ambiental. Con mayor intensidad, se abogaba por el fomento de la innovación, la ciencia y el uso responsable de los recursos naturales. Además, se proponía reducir la desigualdad social, enfocándose especialmente en la infancia y la adolescencia, mediante políticas integrales que entrelazaran esfuerzos en educación, salud, vivienda y empleo. En el ámbito de la igualdad, el programa subrayaba la necesidad de enfrentar las desigualdades de género, étnicas y territoriales, promoviendo políticas que garantizaran igualdad de oportunidades para todos. La transformación democrática del Estado y la descentralización eran ejes centrales, con la intención de fortalecer la participación ciudadana y mejorar la transparencia y eficiencia del sector público. El programa también contemplaba la necesidad de un marco institucional para enfrentar los desafíos globales, como el cambio climático y la crisis económica, desde una perspectiva solidaria y sustentable. Hoy, sin embargo, Uruguay se ha convertido en un país más desigual, desmovilizado y desmoralizado, que va perdiendo sus derechos en su andar, como un cuerpo social que, a cada paso, va dejando atrás sus miembros, marchitando en la intemperie.
El programa para el próximo quinquenio, no podría dejar de señalar la caída retrógrada del período que culmina Lacalle Pou, especialmente en cuanto a la igualdad de género y la protección de los derechos de los colectivos más vulnerables, además de la ausencia de un marco institucional para enfrentar desafíos globales como el cambio climático y la crisis económica. Mientras que el Gobierno de Lacalle Pou ha priorizado políticas de corte neoliberal, con una fuerte inclinación hacia la privatización y el ajuste fiscal, el FA propone un modelo de desarrollo que enfatiza la sostenibilidad, la inclusión social y la equidad.
En cierto sentido, el desafío actual resuena con ecos de hace dos décadas, en 2005, cuando la necesidad imperiosa de innovar se entrelazaba con la urgencia de sanar las heridas abiertas por las políticas neoliberales y la magnitud de una ofensiva antipopular persistente. Hoy, como entonces, el Frente Amplio propone políticas que generen empleo de calidad y que atenúen las inequidades laborales. Promueve en la negociación colectiva el incremento del salario real y la protección social para todos los trabajadores, sin importar la naturaleza de su inserción laboral. La reducción de la pobreza y la desigualdad se erige nuevamente como un eje fundamental, con un enfoque en la superación de las desigualdades estructurales y la transformación del sistema tributario para lograr una distribución del ingreso más justa y equitativa. El programa también aborda la importancia crucial de la soberanía en áreas estratégicas como la salud, la energía y la tecnología. Se propone una política exterior que no solo refuerce la integración regional, sino que también diversifique la inserción económica de Uruguay en el mundo. En el ámbito interno se subraya la necesidad de un Estado fuerte y moderno, capaz de garantizar la transparencia, la eficiencia y, sobre todo, la participación ciudadana.
Un aspecto central del documento es la transición ecológica justa, que busca compatibilizar el desarrollo económico con la protección ambiental. Se propone una serie de acciones prioritarias, como la transformación de la matriz productiva para hacerla más sostenible, la protección de los ecosistemas, y la promoción de energías renovables. Además, se subraya la importancia de garantizar el acceso al agua potable y al saneamiento como derechos humanos fundamentales. La innovación y la ciencia son vistas como pilares del desarrollo, con un enfoque en la educación de calidad y el acceso al conocimiento. Se destaca la necesidad de invertir en investigación y desarrollo para resolver problemas nacionales y promover sectores intensivos en conocimiento. El documento también aboga por una mayor participación de las mujeres en las ciencias y por políticas que promuevan la igualdad de género en todos los ámbitos.
La ciudadanía uruguaya tiene suficientes elementos comparativos en base a su experiencia entre el progresismo y el conservadurismo, entre la expansión de derechos y protecciones y la violencia expulsiva del desamparo. Pero además tiene a disposición detalladas elaboraciones colectivas sobre el destino inmediato, como para confrontar con pompitas.
