Consideramos, con asidero, que ambos jerarcas también le habrían mentido al magistrado. Para sostener esta aseveración basta con recordar que, en el momento de comparecer en la sede penal en calidad de indagado, Heber afirmó que declararía ante el fiscal lo mismo que consignó en el Senado. Si fue así, habría cometido el delito de falso testimonio, castigado por el artículo 180 del Código Penal.
Aunque marcha a la velocidad de una tortuga, aún está abierta la causa por presunta destrucción de documentos por parte del exasesor presidencial Roberto Lafluf, que se habría revelado durante una reunión secreta en la Torre Ejecutiva, a la cual el presidente Luis Lacalle Pou habría “pasado a saludar”. La revelación la formuló la hoy exsubsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores Carolina Ache. Ese es el único flanco judicial que permanece abierto con relación al otorgamiento del pasaporte al narco Sebastián Marset por parte del Gobierno anterior.
Conocida la noticia de la detención, Luis Alberto Heber, uno de los responsables de la fuga en 2021, y Nicolás Martinelli, quien sustituyó a Heber como ministro del Interior, felicitaron a la Policía boliviana. Las declaraciones de Heber son una irónica tomadura de pelo; ironía que realmente indigna.
Si bien la mentira al Parlamento no está penalizada, resulta inocultable la responsabilidad del Gobierno de Lacalle Pou en la entrega de un salvoconducto que le permitió fugarse a Marset.
Aunque en Uruguay Marset no tiene causa abierta, y por ende no está requerido, sí posee antecedentes penales, lo cual se sabía hace una década y obviamente estaba en conocimiento de las autoridades del Gobierno anterior, por más que Heber y Bustillo lo negaron ante el Parlamento.
Fue condenado por primera vez en 2012, por más de un cargo de receptación y comercialización de estupefacientes. Incluso, fue indagado por la presunta comisión de un homicidio. Al respecto, en agosto de 2018, un cúmulo de evidencias recabadas por la Policía dio cuenta de que Marset habría asesinado a tiros a su mejor amigo, en el balneario Las Toscas. Para los investigadores, el móvil de aquel crimen fue la traición, porque el fallecido le había robado dinero y droga al peligroso delincuente. Luego de varios interrogatorios y actuaciones judiciales, así como de testimonios de allegados al asesinado, el narco quedó en libertad y la causa fue archivada en 2020. En ese contexto, aunque tenía profusos antecedentes penales, como no tenía causa abierta, pudo viajar igualmente a Paraguay, donde montó una organización delictiva que se dedicó al narcotráfico a nivel regional.
Marset, que hace más de una década ya era un traficante muy activo, contribuyó a financiar la campaña electoral del presidente argentino Mauricio Macri, a través de sociedades anónimas radicales en Bahamas. Macri es un niño mimado de la derecha uruguaya. La duda es si no financió alguna campaña electoral en Uruguay, ya que la ley de financiamiento de los partidos políticos no garantiza ninguna transparencia sobre el destino de los aportes.
Esos antecedentes no lo inhabilitaban a recibir un pasaporte del Gobierno uruguayo. Empero, lo que sí debió condicionar la entrega del documento express, en este caso con participación de la Cancillería, es el hecho de que este hampón estaba preso en una cárcel de Dubái por haber pretendido ingresar a territorio emiratí con un pasaporte paraguayo falso.
Las burdas explicaciones de Heber y Bustillo durante la interpelación desarrollada en el Senado transformaron la instancia parlamentaria en un burdo circo mediático que devalúa la calidad democrática, porque no es concebible que ambos hayan alegado que ignoraban el prontuario del mafioso.
Las explicaciones de los gobernantes convocados resultaron realmente inaceptables, porque atribuyeron insólitamente el otorgamiento del pasaporte a la legislación vigente o a un mero error burocrático. Sin embargo, el decreto de 2014, que Heber y Bustillo emplearon para escudarse y no asumir sus reales responsabilidades, establece claramente que ante situaciones imprevistas, se requiere actuar con cautela.
¿Puede haber realmente una situación más imprevista y compleja que el hecho de que esta persona estuviera presa en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, por ingresar al país con un pasaporte paraguayo falso? Obviamente, no. Aunque este delincuente no tuviera causa abierta en nuestro país, su privación de libertad debió haber sido suficiente para actuar con otras precauciones.
Incluso, se ignoró olímpicamente el pedido del embajador uruguayo en dicha nación islámica, Álvaro Ceriani, quien sugirió a la Cancillería que se tomara más tiempo para tramitar el documento por la peculiar situación del encarcelado. Marset tenía varios pasaportes falsos de diversas nacionalidades, pero el único legal era el que le otorgó el Gobierno uruguayo.
Aún hay muchas preguntas sin respuestas, lo cual genera sospechas en torno a la existencia de una maniobra espuria. Es claro que el pasaporte fue otorgado sin un estudio previo de la situación, tal vez con la intención de congelar el trámite de extradición de la Justicia paraguaya.
Otro aspecto realmente oscuro fue la no utilización de valija diplomática para realizar el trámite como es de rigor cuando un uruguayo lo requiere desde el exterior. En este caso, viajó especialmente un funcionario de Cancillería para completar el trámite en la cárcel donde se encontraba recluido Marset.
Este escandaloso episodio, soterrado en la memoria colectiva por relatos mentirosos, aflora nuevamente con la captura de un delincuente beneficiado por el Gobierno anterior que, en lugar de colaborar con la Justicia del país que lo requería, insólitamente le abrió las puertas de la cárcel para que escapara. No pueden tener la conciencia tranquila.
