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Columnas de opinión | derecha

La derecha nostálgica de los tiempos oscuros

Manini Ríos carece de credenciales democráticas, porque jamás criticó las barbaridades perpetradas por sus camaradas y responsabilizó a la guerrilla por el golpe de Estado de 1973

La drástica determinación del Gobierno ecuatoriano de decretar el estado de excepción y abrir los cuarteles para que los militares se sumen a la Policía para combatir al crimen organizado, originó un nuevo roce entre la derecha oficialista y la oposición, que nos retrotrae a los tiempos más oscuros de nuestra historia reciente.

En efecto, el decreto de “conflicto armado” firmado por el presidente de dicho país sudamericano, Daniel Noboa, se parece mucho a las medidas prontas de seguridad que rigieron durante el gobierno liberticida del colorado Jorge Pacheco, del mandato legal del autoritario latifundista Juan María Bordaberry y de la dictadura que asoló a nuestro país durante doce años oscuros.

Empero, aunque las circunstancias históricas son radicalmente diferentes y se trata de un país extranjero, el hecho originó una rápida reacción del senador y líder del ultraderechista Partido Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos.

En ese contexto, el militar retirado, quien integró un ejército golpista durante siete años y jamás pidió disculpas, comparó la situación imperante en Ecuador con la suscitada en 1972 en nuestro país, cuando los partidos tradicionales, en el ámbito de la Asamblea General, votaron el estado de guerra interno que otorgó al estamento castrense el monopolio de la lucha contra la guerrilla del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros.

La norma, que vulneró las libertades ciudadanas y rigió naturalmente durante la dictadura, fue una suerte de cheque en blanco para que los militares perpetraran toda suerte desmanes y cometieran aberrantes crímenes de lesa humanidad.

Al respecto, a través de su cuenta de Twitter, el líder cabildante afirmó que “al igual que el 15 de abril de 1972 en Uruguay, un gobierno democrático debe recurrir a las Fuerzas Armadas para frenar a los que quieren pasarle por arriba al estado de derecho”.

Un día antes, el 14 de abril, el MLN abatió a cuatro integrantes del Escuadrón de la Muerte y, en represalia, las fuerzas represivas mataron a mansalva a ocho guerrilleros, en el contexto de una escalada de violencia y de aumento de la represión que tuvo su pico en el mes de julio, cuando la derecha votó en el Parlamento la Ley de Seguridad del Estado, que le entregó virtualmente el poder a las Fuerzas Armadas. En efecto, esa declaración de “guerra interna”, que tanto elogia Manini Ríos, fue un certificado de impunidad para las fechorías perpetradas por sus camaradas de armas.

Este vulgar generalote, que en 2020 se amparó en sus fueros parlamentarios para no ser procesado por la Justicia por el delito de omisión, al no haber informado en torno a las confesiones del criminal José “Nino” Gavazzo ante un tribunal de honor cuando era comandante en jefe del Ejército, es un acérrimo partidario de la dictadura y no lo oculta.

En ese contexto, es una auténtica ironía que se refiera al estado de derecho, cuando el ejército que él integró vulneró groseramente la institucionalidad e instaló un régimen liberticida de espanto.

Al respecto, basta con repasar sus declaraciones públicas de los últimos cuatro años, para corroborar que sigue siendo un nostálgico de los tiempos más oscuros de nuestra historia, cuando ataca permanentemente a la Justicia, exige la destitución del fiscal general de Corte, acusa al Poder Judicial de “revanchismo” y considera “presos políticos” a los represores recluidos en el penal de Domingo Arena, que, a su juicio, fueron “mal procesados”.

Guido Manini Ríos carece de credenciales democráticas, porque jamás criticó las barbaridades perpetradas por sus camaradas y responsabilizó a la guerrilla por el golpe de Estado del 27 de junio de 1973, convalidando así la teoría de los dos demonios y justificando los atropellos de los uniformados.

Por supuesto, el militar devenido político fustigó a quienes pregonan la disolución de las Fuerzas Armadas, que, en nuestra opinión, son innecesarias y constituyen un peso muerto muy oneroso para las arcas del Estado y para el bolsillo de quienes pagamos impuestos.

La postura de Manini Ríos fue compartida por el inefable senador nacionalista Sebastián Da Silva, quien ligó los acontecimientos de Ecuador con la lucha contra el narcotráfico y naturalmente con los allanamientos nocturnos, cuya autorización será plebiscitada en octubre, luego de la aprobación –por parte de la coalición oficialista– de una ley interpretativa. “Esperemos que el espejo ecuatoriano le traiga sensatez al debate”, reflexionó el parlamentario blanco, quien añadió que “cualquier herramienta que sirva para combatir el narco es bienvenida”, aunque admitió que la dimensión del crimen organizado en nuestro país está muy lejos de la que ostenta Ecuador.

Incluso, Da Silva consideró que el narcotráfico goza de “impunidad en algunos barrios de Uruguay”. Con esta reflexión el legislador blanco está descalificando el trabajo de la propia fuerza policial, luego de cuatro años de gobierno y de sucesivos fracasos en el combate a la delincuencia, pese al endurecimiento impuesto por las medidas represivas contenidas en la LUC.

Las expresiones de ambos referentes oficialistas fueron replicadas por dos senadores y un diputado del Frente Amplio y por el precandidato presidencial e intendente de Canelones Yamandú Orsi, quienes rechazaron las desmelenadas expresiones de Manini Ríos.

La senadora Liliam Kechichian expresó su tajante rechazo a este mensaje. “Nostalgias de un pasado que ojalá nunca vuelva. Reivindicación de los que sí les pasaron por arriba a las instituciones. Torturaron, desaparecieron cientos de compatriotas y generaron el período más oscuro de nuestro país”.

No menos duro fue el diputado socialista Gonzalo Civila, quien consideró que Manini Ríos, desde su investidura parlamentaria, solo ha defendido a la corporación castrense a la cual pertenece. “Esta vez no se sabe qué es peor: si su negacionismo respecto del terrorismo de Estado en Uruguay o la utilización del dolor de un pueblo hermano para reivindicar de forma oportunista lo que reivindica siempre, torciendo la historia”, apuntó el parlamentario frenteamplista.

Por su parte, el senador José Carlos Mahía reflexionó que “Uruguay tiene una pésima memoria de cualquier medida pronta de seguridad”, aludiendo naturalmente a las aberraciones perpetradas por los gobiernos de Jorge Pacheco Areco y, naturalmente, por la dictadura.

No le fue la zaga el intendente de Canelones y precandidato frenteamplista Yamandú Orsi, quien consideró que “confundir fenómenos históricos con dramas del presente puede funcionar como estrategia electoral, pero no aportará soluciones al grave problema del narco y el crimen organizado. Por el contrario, los nuevos dramas de la sociedad necesitan abordajes nuevos”.

Todos los referentes frenteamplistas, que no niegan la gravedad de los hechos acaecidos en Ecuador ni desconocen la violencia de larga data instalada en esa nación sudamericana, manifestaron su apoyo al pueblo ecuatoriano, a diferencia del Gobierno, que se limitó a apoyar y avalar las medidas adoptadas.

No parece pertinente extrapolar acontecimientos del presente que afectan a una sociedad radicalmente diferente a la nuestra, con lo sucedido hace más de medio siglo en nuestro país, en una coyuntura compleja contaminada por la Guerra Fría, por una rampante crisis económica y social y por una escalada represiva estatal que culminó en una sangrienta dictadura.

Manini Ríos sigue siendo un nostálgico de los tiempos más oscuros de nuestra historia y es naturalmente un oportunista que intenta recuperar su perdido caudal electoral, luego de desempeñar, durante casi cuatros años, el triste papel de mero furgón de cola del Partido Nacional, a cambio de un espacio de poder, de cargos de confianza en el Estado y de privilegios.

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