Incluso, los números macroeconómicos sobre los cuales tanto énfasis ponía el oficialismo durante la campaña electoral y antes de asumir la conducción del país, parecen haber comenzado a desalinearse, dando por tierra, nuevamente, con las promesas electorales.
En ese contexto, el Instituto Cuesta Duarte, que está integrado por calificados economistas e investigadores, denunció que la realidad está a años luz de la anunciada por el secretario de Estado.
En efecto, por más que se alcancen los niveles de ingreso del punto de partida, cuando se inició el deterioro, e incluso haya un leve repunte, lo que se perdió en 2020, 2021 y parte del 2022 no se recupera más, salvo que los ajustes –no es el caso– sean retroactivos a cuatro años atrás.
En efecto, con relación a la décima ronda de negociación colectiva que se cerrará en los primeros meses de este año 2024, se explicitó que las 2/3 partes de las mesas que trabajaron tenían pendientes porcentajes de recuperación salarial para equiparar los niveles de junio de 2020. De ese total, teniendo en cuenta las resoluciones relevadas, un 40 % culminará la recuperación con el ajuste de julio de 2024 y un 45 % la culminará con el ajuste del mes en curso. Solamente un 6 % logró establecer que la recuperación pendiente se otorgara toda junta en julio de 2023 y otro 6 % que se pagara en dos partes en los primeros dos ajustes.
Con relación a la evolución del salario real –que es lo que se percibe por encima de la inflación y puede contabilizarse como ganancia– un 73 % de las mesas negociadoras, que abarcan aproximadamente el 61 % de los trabajadores involucrados, tendrá un salario real igual y en algunos casos incluso menor al de comienzos de 2020, habiendo padecido en una importante pérdida en el trayecto.
En el balance se destaca también que “si bien en algunos casos los trabajadores lograron adelantar la recuperación por sobre lo que planteaban los lineamientos oficiales, en la gran mayoría de los casos la recuperación terminará con el ajuste de julio de 2024 o de enero de 2025”. En consecuencia, la mayoría de los trabajadores privados volverá a tener el mismo nivel de salario real de junio de 2020 recién sobre el final de esta administración, transitando todo el período intermedio con pérdida.
Obviamente, en la mayoría de los ámbitos de negociación donde no hubo acuerdo, el Gobierno votó con los empresarios, acorde con su recurrente obsecuencia con los propietarios de los medios de producción.
El reporte establece que, al final del período, el salario medio privado se ubicaría en entre un 1 % y 2 % por encima del nivel medio de 2019, lo cual plantea un balance claramente negativo, luego de casi cuatro años de administración multicolor.
Partiendo de la premisa de que la tasa de empleo creció merced a los bajos niveles salariales y al aumento de la informalidad, que cerró el año en el entorno del 22 %, el impacto en los bolsillos de la mayoría de los uruguayos es imperceptible.
La tendencia a la contracción del consumo doméstico se notó particularmente en los comercios de barrio, que en vísperas de navidad cerraron tempranamente sus puertas, cuando en el pasado lo hacían cerca de la medianoche.
El impacto negativo se percibe hace meses en el consumo de los hogares, según lo informado a la prensa por la jefa de Estudios Económicos y Comercio Internacional de la Cámara de Comercio, Ana Laura Fernández, quien minimizó el problema atribuyéndolo a la diferencia cambiaria con Argentina. Si bien este argumento puede ser en parte de recibo, lo realmente cierto es que la pérdida salarial y la ulterior recuperación que se concretará plenamente este año, incidió en esta tendencia.
Según la especialista, la fase contractiva, que se acentuó en el tercer trimestre del año pasado y continuó en el último trimestre, alcanza, en volúmenes totales, al 2,8 % con respecto a 2022. Esa tendencia abarca a rubros clave de consumo como cuidado personal, muebles y accesorios para el hogar y la informática. Otro tanto se percibe en los supermercados, donde la caída alcanzó en el tercer trimestre de 2023 al 3,9 %.
Es decir, la mentada recuperación y el presunto aumento del salario real anunciado por Mieres no tienen ningún impacto significativo en el bolsillo de los sectores de ingresos fijos, que han ajustado sus presupuestos familiares a la situación, la cual parece estar lejos de la que imperaba hace cuatro años.
Incluso, el bajo nivel de la mayoría de los salarios y de las jubilaciones, al igual que la estabilidad del tipo de cambio, incidieron en forma determinante en la moderación del ritmo inflacionario. En efecto, la teoría económica establece que si cae la demanda –lo cual es un hecho comprobado– también disminuyen los precios, que se acompasan a las tendencias del mercado.
En conclusión, el inefable ministro de Trabajo, Pablo Mieres, nos sigue vendiendo humo de la peor calidad, acorde al discurso de un gobierno que ha hecho de la mentira una suerte de dogma.
Asimismo, el castillo de naipes que se construyó desde la Torre Ejecutiva apelando a toda suerte de excusas –la pandemia, la guerra de Ucrania, la sequía y la diferencia cambiaria con Argentina– se está derrumbando también en los indicadores macro, tal cual lo han denunciado incluso los empresarios –aliados históricos de la derecha– y el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES), que es liderado por el economista neoliberal Ignacio Munyo.
En ese contexto, el déficit fiscal, que fue uno de los indicadores con los cuales el oficialismo más golpeó durante la campaña electoral, se situó, en 2023, en el entorno del 4,4 %, el mismo nivel que en 2019, pero con mayor peso sobre la deuda.
A ello se suma que el crecimiento del PBI llegará con mucha suerte al 1 %, dejando atrás el 4,9 % de 2022 y el 4,4 % de 2021. Obviamente, esta mejora generó una distribución desigual de la riqueza y mayor acumulación en los sectores más pudientes de la sociedad, ampliando aún más la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen.
El informe de CERES, que no es una organización de izquierda sino todo lo contrario, pone particular énfasis en la tasa de pobreza que orilla el 10 % de la población y en la paupérrima situación en la que viven 250.000 uruguayos, quienes habitan en aproximadamente 650.000 asentamientos irregulares.
El deterioro fiscal fue denunciado también por la Confederación de Cámaras Empresariales del Uruguay, que nuclea a los mentados “malla oro”, quienes, según el presidente Luis Lacalle Pou, traccionarían la recuperación económica y social. La organización advirtió que el déficit es aún peor que en 2019, porque equivale a un 68 % de la deuda pública.
Ese es el sombrío panorama de un gobierno que se desmorona y es prisionero de sus propias promesas electorales incumplidas. Por más que el equipo económico y el ministro de Trabajo lo intenten, no se puede tapar el sol con un dedo ni se pueden llenar anémicos bolsillos y estómagos vacíos con los salarios paupérrimos que percibe la mayoría de los trabajadores.
