Una regata que partió desde Sudáfrica con destino a Punta del Este habría servido para trasladar 300 kilos de oro en el año 1984, que luego fue contrabandeado a Italia con destino final en Suiza. Cuánto oro y cuánto dinero circuló por nuestro país entonces es algo que no se sabe. Nadie lo sabe. Pero ya en democracia ningún gobierno quiso, o pudo, modificar esa estructura, asegura Alsina. Agrega que “tanto Julio María Sanguinetti como Luis Lacalle Herrera ampliaron las normativas”.
Entre los méritos destacables del libro está el exponer con suma claridad las ineficiencias del Estado para combatir el lavado de dinero y para que el ciudadano entienda el daño que ese delito provoca a nuestra economía. Lo siguiente es el resumen de la extensa entrevista que Andrés Alsina mantuvo con Caras y Caretas.
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¿Por qué este libro?
“El libro es resultado de una investigación que me llevó dos años y que incluyó decenas de entrevistas con expertos y autoridades, además de la lectura de muchísimos documentos. Fue difícil porque no hay información pública y, peor, hay mucha desidia por parte del Estado en cuanto al trabajo que se debería hacer para evitar la plata sucia. Desde hace años la Secretaría Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SENACLAFT) dice qué cosas habría que hacer y después tiene que repetir las mismas cosas porque nada de eso se hizo. El Estado ha fracasado con éxito en la lucha contra el lavado de activos. La pregunta que me hice fue si ese es un fracaso casual o premeditado. Y la respuesta que tengo hoy es que es funcional para que Uruguay sea una parte estructural del lavado de dinero en la región, específicamente en cada uno de los rubros en que los lavadores actúan, sea en el sector financiero, en la construcción e inmobiliario o en el agropecuario. O sea, el papel de país de servicios que nos asignó el Mercosur. A eso se debe sumar que la burocracia en general no quiere más tareas que las que tiene asignadas. Pero el otro problema que tiene, y esto me lo dice Ricardo Gil Iribarne, uno de los asesores de Senaclaft, es que tampoco los jerarcas públicos quieren más tareas. Aparentemente este Gobierno quiere que la mano derecha sepa lo que hace la mano izquierda, lo cual implica que la burocracia va a tener que aceptar tareas que le son transversales a su fin específico para contribuir a la lucha contra el lavado de dinero que ha emprendido el prosecretario de la Presidencia, JorgeDíaz. Entonces ahí habrá una lucha sorda para que el Estado funcione”.
¿Cuándo “se jodió” todo en Uruguay?
“Para entender esto tenemos que salirnos de los años 70 y pensar que Uruguay siempre estuvo tentado por la plata argentina. En 1923 el Gobierno de José Serrato vio la división política que se daba en la Argentina conducida por la Unión Cívica Radical y lo que luego se llamaría ‘década infame’. Entonces instala zonas francas en Soriano para que la plata vaya para allí. Luego, en el 47, Luis Batlle ve que sube Juan Domingo Perón y cree que los argentinos se van a asustar y traerán la plata para acá, e inventa las SAFIS. Eso no tiene mucho andamiento. En Uruguay se cae la sustitución de importaciones en el 56.
Recuerdo una conversación que tuve con Jorge Batlle en Salto, a la hora de la siesta, en el hall de un famoso hotel salteño. Parafraseando a Vargas Llosa, le pregunté: ¿Cuándo se jodió todo en Uruguay? Y respondió sin vacilar: En agosto de 1956, cuando una devaluación mató políticamente a mi padre y ahí terminó un Uruguay.
Pero ese Uruguay que terminó se pasó navegando hasta que el Partido Colorado decidió que lo que hacía falta acá era darle poder a los militares. Y entonces eligieron como candidato a la presidencia al general (r) Óscar Gestido. El problema es que Gestido murió en diciembre del 67, a partir de allí vino lo que vino. Y la gente que estaba ahí interesada en oscurecer sus negocios para hacer negocios quiere avanzar sobre el Estado. No lo logran, entonces llega la dictadura cívico militar que tiene una razón de ser y que en su momento no se dijo, que hoy muy pocos recuerdan: imponer el lavado de activos.
Eso es lo que hace la dictadura. En febrero del 73, en democracia agonizante, los militares deciden qué ministro de Defensa quieren, intervienen en la política y en junio entran al Palacio Legislativo. En noviembre se reúnen en el hotel Alción de Solís y establecen las primeras medidas de una plaza financiera abierta con el argumento que traería dinero al país. Ese fue el argumento que se sostuvo entonces, que ha impregnado a la sociedad y que se sigue sosteniendo hoy. Por eso hoy no se critica el lavado de dinero, porque hay una visión individual, muchos sujetos viven bien lavando plata.
Los militares promueven inversiones nacionales y extranjeras mediante una ley que abarca los temas de promoción industrial y plan pesquero. Con el plan pesquero habría luego un gran lío. En el año 82, Gregorio Álvarez pone la frutilla de la torta estableciendo el secreto bancario. En el 74 los depósitos de dólares del sistema bancario eran 16,8 % del total, en el 78 ya eran 28 %, habían aumentado un 60 %. Y la banca privada pasó tener el 19,5 % de los depósitos en dólares de no residentes al 51 %. En 1980 ya superaban el 75 %. Claro, después se cayó la tablita; los bancos privados se fundieron y el Banco Central compró sus carteras de deudores. Y otra vez pagaron los trabajadores. El lavado de dinero genera alzas inflacionarias, destruye la actividad económica real y provoca un empobrecimiento de los Estados. Si eso no afecta al ciudadano que trabaja, no sé qué lo afecta. Pero en una economía así, evidentemente quien paga es el laburante.
Tampoco protestan mucho los empresarios que manejan dinero legal y son afectados por la competencia desleal de los que manejan dinero sucio. Hoy están muy preocupados por el efecto TEMU. Que el empresario no se queje también es una forma de pasar disimulado porque el poder del crimen organizado es mucho. Pero lo más curioso de todo es que a ningún gobierno del vecino país le ha preocupado que Uruguay sea un lavadero de plata argentina. Sólo con ‘empresas cáscaras’ los argentinos están lavando acá por año algo más de 74 mil millones de dólares, entre la empresa Techint y un pool de 13 empresas agropecuarias transnacionales que trabajan con una ingeniería financiera para la que nuestro país es funcional al lavado”.
La regata del oro
“Samuel Blixen encontró unos documentos en los archivos Berrutti donde se relata que en 1984 detuvieron un avión de Varig. Con un falso aviso de bomba lo hacen aterrizar de emergencia antes de llegar a Río. Allí descubren 18 maletas con 300 kilos de oro y un montón de billetes no especificados de 100 dólares Eso se rastrea hasta la empresa de seguridad que tiene ocultos a los dueños de ese envío y los militares esconden el asunto. ¿De dónde salía ese oro? Fui a Cancillería a revisar archivos y ahí me encontré con que si bien Uruguay votó el bloqueo a Sudáfrica por el Apartheid y levantó su embajada, dejó a un funcionario consular, un señor llamado José Luis Pombo.
Este funcionario tenía llegada y hablaba con el entonces primer ministro de Sudáfrica, Pieter Botha. Consta en actas de Cancillería, que leí y reproduzco en el libro, que estaban muy de acuerdo con el anticomunismo y que Uruguay respetaba la autodeterminación de Sudáfrica. Ahí hablaron de una regata que partiría desde Ciudad del Cabo hasta Punta del Este, organizada a partir de la nada porque no existían precedentes. El Gobierno sudafricano, a través de un club deportivo, organizó esa regata para la que se anotaron 32 embarcaciones, hay una de Estados Unidos que se borra cuando ve cómo viene la mano y luego el Gobierno sudafricano se encarga de bajar a otras 17 y finalmente participan 15 veleros, curiosamente escoltados por un buque de guerra sudafricano. No existe registro sobre si trasladaban oro. Pero tampoco existe documentación sobre si pasaron o no por Aduana.
Ocurre que Uruguay estaba en el negocio del oro sudafricano. Y ahí se confunden las fechas porque resulta que los dictadores del 73 al 75 están firmando actas del 67 autorizando la libre circulación de oro, plata, platino y paladio. La circulación de esos metales preciosos era libre, no pagaban nada al entrar ni al salir ni al comprar. O sea el oro pasaba por acá y hacia dónde iba no se sabe porque no hay registro. Sudáfrica tiene enormes yacimientos de oro. En esa época el Parlamento era multirracial pero el Banco Central era privado, por lo que escapaba a los controles. Crearon el Krugerrand para poder vender monedas de oro en el mercado internacional, pero no lograron imponerlo.
El encuentro con el uruguayo Pombo fue muy importante, porque además de las afinidades anticomunistas, les abrió las puertas al contrabando de oro. Porque si bien su circulación era libre en Uruguay, lo mandaban de contrabando a Italia y de allí a un cantón suizo donde hay una fundición de oro. Ahí le colocaban un sello que legitimaba la barra de oro para su venta en el mercado internacional. Ese procedimiento fue ideado por los británicos y adoptado por Sudáfrica. ¿Cuánto oro llevaron? No lo sabemos. ¿Cuántos vuelos de Varig llevaron oro de los militares fuera del país? No lo sabemos.
La documentación de todo eso está escondida. El señor José Luis Pombo culminó su carrera diplomática. Pero a solicitud de Cabildo Abierto, el presidente Luis Lacalle Pou lo nombró cónsul, creo que en Suiza. Pero según me informaron, ahora Cancillería lo relevó del cargo después de que se informara públicamente sobre el negocio del oro sudafricano”.
Todos han puesto su granito para construir el lavadero
“En noviembre del 73 la dictadura aprobó un plan de desarrollo que proponía a Uruguay como un centro financiero internacional, permitiendo además las operaciones bancarias offshore. Que siguen vigentes, aunque con otros requisitos planteados en la reforma tributaria de Danilo Astori. También se acuerda la liberación de las tasas de interés.
Los bancos, las casas bancarias y financieras aumentaron junto con las tasas de interés de todas sus sucursales. Luego, en otro cónclave realizado en 1983 en la fortaleza de San Miguel, se oficializa la promoción del ingreso del capital extranjero y además empiezan las sucesivas cartas de intención con el Fondo Monetario en la lógica de los acuerdos de Bretton Woods de 1944, la puerta de entrada que toma el país para alinearse con el capitalismo internacional. Y el papel que nos otorgan es el de lavadores de dinero.
En 1985 llega Julio María Sanguinetti y pone de presidente del Banco Central a Ramón Díaz, que publica un libro con un título elocuente: “País pequeño debe ser país abierto. Análisis de la estrategia de desarrollo óptima para el Uruguay”.
En el 73 el Estado tenía una deuda de 716 millones de dólares. Cuando lo devuelven en el 85, la deuda se había multiplicado por 8,4 veces y el 72 % de esa deuda era de privados. El 13 % de la población se había exiliado y al menos el 40 % de los que se quedaron vivían bajo la línea de pobreza. Este es el país que heredó Sanguinetti.
Entonces en el 89 legisla sobre las SAFIs, ampliando mucho las atribuciones que le había dado Luis Batlle en el 48. Ocurre que el siguiente gobierno de Lacalle Herrera toma esa bandera y hace mucho más para ampliar las actividades de la SAFIs y las convierte en verdaderas empresas offshore.
Además, Lacalle Herrera redobla la agenda del Consejo de Washington del 89, que siguió en todos lados al fin de la etapa de la dictadura. Disciplina fiscal, recorte del gasto público, aumento de la base tributaria, libre flotación del cambio, liberalización del comercio internacional, etc. Desde la presidencia, Lacalle aplicó ajustes fiscales, desreguló el mercado de servicios, la privatización total o de algunas empresas públicas.
Es decir, lo que hacen es llevar otra vez el poder hacia los privados. Es la misma dinámica, no tan vertical como la ejercía la dictadura militar, sino a través de los mecanismos de la democracia, pero el principio es el mismo. Si Lacalle no hizo más fue porque en un plebiscito la ciudadanía le derogó la Ley de Empresas Públicas. Pero sí logró privatizar el puerto y los seguros.
A Jorge Batlle no le quedaba mucho para hacer, excepto sacar una resolución que era imprescindible para que Uruguay no cayera en la lista de países cuestionados por el GAFI, porque tenía acá la comisión de inspección y dos días después se iban y con su informe nos enterraban de cabeza.
Los tres gobiernos del Frente Amplio en verdad no hicieron cambios sustantivos. Y esto no lo afirma solo Andrés Alsina, lo afirma la Academia. Excepto Mario Bergara, todos afirman eso. Las modificaciones para el secreto bancario se hicieron, pero lo que quedó aprobado es utilizado por todos. El Banco Mundial, el Gobierno, el sistema financiero, el crimen organizado, están todos contentísimos. La liberalización del comercio internacional, los acuerdos comerciales.
Después viene Lacalle Pou que, como sabemos, multiplica por más de 8 lo que se puede girar al país sin revelar el origen, modifica la ley de inclusión financiera, la ley integral contra el lavado de activos, elimina la obligatoriedad del pago de remuneraciones en formato electrónico, habilita el pago en efectivo. Todo esto favorece el lavado de activos.
Así que el tema del lavado de activos es sencillo, tenemos un Estado con expertos que recomiendan medidas específicas durante 30 años para evitar el lavado, y un Estado que no hace lo que él mismo recomienda hacer.
Hay lavado y crimen organizado porque hay corrupción. ¿Dónde está la cabeza de la serpiente? Está en quien tiene el poder. ¿Quién tiene el poder en este país? ¿Lo tienen los inspectores de tránsito? ¿Lo tiene quién? ¿Lo tienen los militares? No, lo tienen los políticos.
Y si no tenés a los políticos en una posición transparente, donde sepas qué dinero les entra, para qué campaña y si se beneficia a alguien en particular con ese dinero o no. O sea, si hay transparencia ese poder político es democrático. Si no hay transparencia, ese poder político no es democrático.
Acá tenés tres partidos políticos con presidentes orgullosos de estar todos juntos en la foto. Pero el mensaje que están dando es ‘mirá que acá se arregla’. Mirá que en este país arreglamos”.
El lavado en el sector agropecuario
Primera cosa, no hay cifras confiables sobre el grado de penetración de capital externo en la propiedad y arrendamiento de tierras. Las había hasta el 2005. Había un valioso estudio de un ingeniero agrónomo llamado Miguel Bassaglio, pero era hasta el 2005 nada más.
De todas maneras se puede afirmar que la tierra se transformó en un bien apto para la inversión de cualquier origen y especulación. Y esto es una suerte de segunda modernización que vino a ponerle final a la etapa de transformación del agrouruguayo. Entre el 2010 y el 2020, el sector agropecuario recibió más de 4.700 millones de dólares en inversión.
De ese total, el 35 % fue a empresas dedicadas a la actividad agrícola, para la industrialización de productos agrícolas y servicios relacionados. Y hay una inversión muy fuerte en la incorporación de tecnología a la producción de granos.
En octubre del 2020 entran en vigor una serie de proyectos vinculados al sector industrial que pasan de 60, entre el 2015 y el 2019, a superar los 500 en el 2021. O sea, muy estimulado por Lacalle Pou. Durante su gobierno, la superficie cultivada se extendió, la producción forestal se disparó, la ganadería extensiva adicional se contrajo y la producción de lana casi desapareció.
¿De quién fue esa decisión? Fue una decisión del mercado. Acá no había ministro ni nada que decidiera nada. Ni estudio ni nada. Esto lo decidió la producción mundial. ¿Por qué? Porque somos una parte de esa producción mundial que decide qué es lo que tenemos que hacer.
El origen de la masa de capital, ni su origen productivo ni la nacionalidad de esa masa de capital que produjo el cambio, están identificadas. En el caso uruguayo se supone que vino del exterior o en asociación fundamentalmente a través del arrendamiento de tierras.
En las 16.200 y pico millones de hectáreas productivas del país, la estadística oficial registra en el año 22 el arrendamiento de casi un millón de hectáreas. 948.000 en 2.739 contratos de arrendamiento. Entonces los precios de arrendamiento pasan de 87 a 390 dólares la hectárea. Una pequeña suba. El negocio de la soja es brutal. Porque la soja uruguaya vale 32 dólares más la tonelada por su contenido proteico. Pero resulta que la soja uruguaya se vende dos veces.
Una vez como soja uruguaya y otra vez como soja uruguaya. Sí. Eso va a Rosario, donde exportan más soja paraguaya de la que produce Paraguay.
Es un negocio monstruoso. Y eso se va a través de las zonas francas. En Argentina la exportación de soja paga un arancel del 35 %, y en Uruguay paga arancel cero. Las semillas de soja son todas muy parecidas. Uruguay produce entre 2,2 y 3,5 millones de toneladas y Argentina produce de 56 a 60. Ahora, si Uruguay produce 2,2, los registros pueden mostrar que produce 3,5 y nadie se va a quejar.
¿Por qué? Porque la opacidad uruguaya está garantizada ya que la información de la producción uruguaya se guía por parámetros argentinos. Porque se edita en el anuario de la Oficina de Planeamiento y Política Agropecuaria o PIPA del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca que se basa exclusivamente en estadísticas y referencias argentinas. O sea, Argentina es la que pone lo que vale y lo que no vale.
En el gremio sojero, por ejemplo, se acuñó en el último cuarto de siglo la frase ‘Uruguay y Paraguay sostienen el complejo sojero argentino’. Y esa parece ser la sintética verdad. ¿Qué pasó con la empresa Vicentín? La empresa Vicentín se vació hacia Uruguay de sorpresa. Estuvo diversificándose, preparando el vaciamiento, del cual se dio noticia de la noche a la mañana. Ya tenían las empresas montadas en Uruguay.
Lo que demuestra una vez más que somos claramente funcionales al lavado de dinero y vaciamiento de empresas de la región. No hay explicación ninguna al respecto. Y la planificación financiera encubre una subfacturación por 60.451 millones de dólares y un desvío de unos 1.500 millones de dólares por año. Y, por supuesto, la hidrovía. La regulación del comercio por la hidrovía no está sometida a una capacidad de control realista.
Hay casi ausencia de coordinación entre las instituciones del Estado argentino, hay muchos puertos privados, no hay control. La Administración Federal de Ingresos Públicos de Argentina registra que entre el 18 y el 21 de cada 10 dólares que Argentina exportó por triangulación cuatro lo fueron a través de Uruguay.
O sea, Uruguay es funcional. El resto se distribuye así 2,3 dólares a través de Suiza, 2,2 a través de Estados Unidos y 1,3 de los Países Bajos. La posibilidad de comprar y vender títulos de propiedad de la tierra es como comprar y vender acciones. En este momento tenemos 21 grandes empresas del agro radicadas en Uruguay.
Tengo acá la lista entre el 2000 y el 2018 y hay un protagonismo de los capitales de gran escala en un negocio esencialmente financiero. Acá el negocio no es la tierra, el negocio es financiero. Las empresas del agronegocio radicadas en Uruguay facturaron 42.000 millones de dólares en el 2021, lo que representa el 72 % del PBI uruguayo y entre el doble y el triple de las exportaciones de Uruguay.
Cargill, por ejemplo, tiene en sus balances contables una ganancia al año de 1.815 millones de dólares. ¿Cuánto han pagado de impuestos en Uruguay por eso? Pues por esto tienen que pagar 0,75 %”.
Las empresas cáscara
“A esto se agrega que la DGI habilita negocios entre Uruguay y un segundo país por una resolución del segundo gobierno de Sanguinetti, la 51/997. Es una resolución de la DGI a la cual no se puede acceder y es interesante las cosas a las que no se pueden acceder.
Esa resolución habilita negocios entre Uruguay y un segundo país en el cual la venta puede hacerse a precio vil y la recompra a precio del mercado, con lo que la carga impositiva para la venta baja en el caso de Argentina y Uruguay a 0.75 y es revendida con impuestos por el 35 %.
O sea, la firma se vende a sí misma, la mercadería no toca suelo uruguayo, queda ahí en Buenos Aires. En el caso de la siderúrgica Techint, que tiene una casa matriz en Luxemburgo, no se conocen vestigios de controles estatales. Según el estudio de expertos, al menos dos grupos empresariales, Techint y un pool de 13 multinacionales del agro, aprovechan desde Argentina la peculiaridad del sistema impositivo uruguayo con conductas frecuentes que conforman lo que la Senaclaft y la legislación uruguaya tipifica como lavado de activos y evasión impositiva, pero nadie se lo dice.
La multinacional Techint, que tiene 14 empresas cáscaras en Uruguay, facturaron en el 2021 un total de 7.418 millones de dólares, que equivalen al 12,5 % del PIB uruguayo, Y solamente la venta de dos de sus empresas, Ternium y Tenaris, que revenden chapas y tubos sin costura, fueron el 33 % de la facturación de todas las ramas siderúrgicas de Techint en el mundo.
O sea, sin Uruguay eso no podría haber sido, y sin la producción argentina eso no podría haber sido. Ahora, que alguien me explique por qué el Estado argentino tolera esto y por qué el Estado uruguayo alberga esto y a cambio de qué. Porque no me vas a decir que el gobierno se conforma con cobrar el 0,75 % de impuestos para hacer esto, algo tiene que haber ahí. Una empresa cáscara se consigue en la web por 4.500 dólares anuales.
Con este tipo de controles, no sería de extrañar que Marset tuviera una empresa cáscara en Uruguay con la cual lavar plata".
¿Qué país tenemos?
“Tenemos un país mucho peor de lo que creemos, de lo que nos dicen que tenemos. Alguien me preguntó si yo creía que servía para algo este libro y contesté que no. Pero parece que me equivoqué porque me ha llamado gente muy importante para tomar un cafecito y hablar sobre lo que decimos en el libro. Por lo pronto, en la presentación del libro, realizada el martes pasado, nos acompañó Leonardo Costa, uno de los profesionales que más sabe sobre lavado, y lo hizo en términos elogiosos. Eso realmente es un incentivo, capaz que no se concreta nada, pero algo pasa, algo está pasando. Tenemos la esperanza de que sea así, ¿no? En el fondo tenemos la esperanza de los perdidosos”.
