El pasado jueves la Comisión Nacional Pro Referéndum entregó 797.261 firmas a la Corte Electoral con el objetivo de poner en consideración de la ciudadanía 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC). Lo que parecía imposible la militancia lo logró.
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Este lunes la Corte Electoral comenzará con el primer paso previsto por las leyes reglamentarias de las disposiciones constitucionales sobre consultas populares. La primera etapa consta del conteo de las hojas entregadas, para constatar si el total de firmas entregadas coincide con las cifras declaradas por los promotores del recurso de democracia directa.
Los funcionarios numeran las hojas con una máquina y cuando esté ese paso realizado, se procederá con la validación de las firmas e impresiones digitales.
El segundo punto se tomarán 675.000 papeletas más un 30% más, de manera que cada una de las firmas desestimadas pueda ser sustituida por otra.
La Corte Electoral tendrá 150 días hábiles para validar las firmas y luego convocar al referéndum, lo que sería sobre mediados de 2022.
El vicepresidente del Frente Amplio, José Carlos Mahía, dijo que la recolección de firmas «lleva al gobierno a hacer algo que no quiso hacer de pique. Esta ley de urgente consideración de aprobó en medio de una pandemia, con un debate nulo con la sociedad y en el momento que los uruguayos estaban absolutamente asustados por el impacto que venía teniendo el mundo, durante los primeros meses de la pandemia en materia de salud». «El gobierno está obligada ahora a hacer algo que no estaba en su agenda», aseguró el astorista en declaraciones a La República.
Por su parte la coalición de gobierno se prepara para pensar y diseñarla estrategia de campaña. Cuando se supo que se había llegado a la cantidad de firmas necesarias para impulsar un referéndum, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou aseguró que si la Corte Electoral valida las firmas suficientes y se convoca efectivamente a un referéndum contra la ley de urgente consideración (LUC), entonces el gobierno dará “el debate” para defender una ley que, dijo, “es una buena ley”.
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