En el mismo, PWC aclaró que tuvo “algunas limitaciones», ya que no recibió documentación clave para su análisis, por ejemplo un «estudio de factibilidad económico-financiera integrado y completo del proyecto, en una visión de todas las entidades públicas involucradas”.
Cardona señaló que «es preocupante que se diga que hay documentación inexistente», porque en su momento esa información fue remitida a la Comisión Investigadora del Parlamento en 2017, y no se chequeó en esta instancia.
Consideró que la empresa «se limitó en la forma de trabajar», debido a que consultó solamente a las personas que UTE designó.
La representante del FA señaló que la información «es contradictoria e induce a errores en muchos casos», y que se está ante «un corte y pegue de los estados contables sin ningún tipo de análisis».
Por este motivo votó para no efectuar el pago de 300 mil dólares, ya que «no se cumplió el objeto» de la contratación.