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No me canso de decir que la mayoría de los fiscales y jueces son personas heroicas, honestas y con verdadera vocación de servicio; pero cada dos por tres, hay resoluciones que provocan perplejidad e indignación en los uruguayos y muy rara vez alguna autoridad se toma la molestia de aclarar algo.
Según lo informado por Subrayado en la segunda semana de julio, un hombre de 42 años fue imputado por reiterados delitos de abuso sexual agravados contra una adolescente de 13 años en Paysandú, la cual terminó con lesiones. Hay agravante por lazos de consanguinidad; el violador convive en la misma casa de la niña con otros familiares y la denuncia la hizo la madre.
El depravado no irá a prisión; cumplirá arresto domiciliario solo por la noche y por 120 días, con la prohibición de acercarse a la víctima.
Al principio pensé que sería un error de Subrayado y me quedé esperando que alguna autoridad aclarara que es una medida primaria mientras se prepara el juicio, del cual podría derivar pena de penitenciaría; pero ante el silencio del Poder Judicial, cabe pensar que eso será todo para el desviado. Este es el único poder en el cual sus autoridades no son electas por voto popular y rinden explicaciones a la ciudadanía cuando se les da la reverenda gana, así que no se quejen por la bronca que hay detrás de estas palabras.
No es la primera vez que ocurre algo así y hemos escrito varias notas en otras ocasiones. Me gustaría pedirle perdón a esa niña que en lugar de disfrutar su pasaje a la adolescencia lo sufre de la peor manera. Le pido perdón a esa madre, que confiaba que su hija estaría a salvo por estar entre familiares. Les pido perdón a ambas por aquellos que teniendo el hermoso poder de hacer justicia optan por minimizar la gravedad de lo ocurrido.
Cuando saltó el escándalo, Carlos Moreira (que había pretendido cambiar la renovación de una pasantía por sexo) fue obligado a abandonar el Partido Nacional en octubre de 2019; sin embargo, hoy es, nuevamente, el candidato a intendente por Colonia del Partido Nacional. El intendente de Maldonado, Jesús Bentancur, fue muy sincero al decir que se trata de “un amigo de toda la vida y cuenta con el apoyo del Partido Nacional”.
A ver si se entiende… es, pero no es; está, pero no está. A principios de julio participó en una reunión junto a los 12 intendentes blancos para coordinar las campañas del Partido Nacional. La reunión fue dirigida por Pablo Iturralde, presidente del directorio del partido que niega que Moreira esté en sus filas.
Por ahora permanece impune y con chances serias de volver a ser intendente de Colonia, lo cual no habla muy bien de la cultura cívica de sus votantes.
Volviendo al Poder Judicial, es evidente la falta de coordinación de criterios, ya que vemos que a veces se condena con severidad a algunas personas y con extremada indulgencia a otros por delitos graves, como en el caso que citamos al comienzo. Puede que parte de la culpa sea del Poder Legislativo, ya que nuestro sistema jurídico trasunta un interés superior por proteger la propiedad privada o bienes materiales antes que la integridad moral o física.
La cantidad de delitos de carácter sexual que muestra Uruguay es realmente alarmante y vergonzosa. En realidad, es un problema mundial, pero que el mal sea de muchos países no debe eximirnos de buscar medidas urgentes para solucionar semejante drama.
Bueno sería que legisladores de todos los partidos se reunieran solo para tratar este tema. Bien podríamos haber citado en esta nota todos los casos de abusos sexuales contra niños o niñas registrados desde marzo hasta ahora; pero no queremos mortificar a nuestros lectores con un listado de noticias dolorosas. De todas maneras, nuestros legisladores deben moverse y comenzar a justificar sus privilegiados sueldos. Hay que revisar las leyes previstas para agresores sexuales y, sobre todo, el margen de discrecionalidad de fiscales y jueces.
A veces el problema no está en las leyes, sino en su interpretación e implementación. Cuando nos enteramos de casos como el de Paysandú, no podemos menos que preguntarnos si quienes toman estas decisiones tienen hijos o hijas.
Podrán poner mil excusas; pero, hoy por hoy, el sistema está menospreciando el dolor de una madre y su hija.
Pese a que la ciudadanía rechazó el proyecto “Vivir sin miedo”, Larrañaga insiste en la necesidad de aprobar -mediante una reforma constitucional- los allanamientos nocturnos, los cuales serían realizados mediante una orden escrita del juez competente y con todas las garantías a los derechos establecidos en la carta magna.
Permítanme aquí expresar algo con absoluta claridad: la lucha contra el narcomenudeo será infructuosa si no habilitamos tal medida. Sí coincido en parte con el ministro. El mismo José Mujica ha dicho que “a una boca hay que entrarle de noche, de madrugada y cuando sea”. Y basta de tanta dulzura.
Las bocas de droga trabajan con total tranquilidad desde que se oculta el sol hasta que sale. La Constitución de la República establece en su artículo 11 que “el hogar es un sagrado inviolable. De noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe, y de día, solo de orden expresa de juez competente, por escrito y en los casos determinados por la ley”.
En principio, el Frente Amplio se negaría a la reforma tal como plantea la coalición de gobierno, pero tanto Eduardo Bonomi como Gustavo Leal son partidarios de una ley interpretativa. Un buen análisis jurídico puede abrir una brecha a la limitación constitucional, porque la pregunta que se impone es qué consideramos un hogar.
El hogar es una vivienda destinada al bienestar y protección de una persona o familia. Cuando esa guarida (en el sentido de refugio que guarece del clima o las fieras) se transforma en puesto de operaciones de delincuentes y ejerce un comercio ilegal, ya no debe ser considerada hogar, por lo que cualquier juez puede ordenar un allanamiento sin violar la norma constitucional, tal como se hace en boliches o en el mismo aeropuerto.
A muchos militantes de izquierda, que padecieron el horror de los allanamientos durante la dictadura (con militares que asaltaban hogares, robando, golpeando a todos y manoseando a las mujeres) la palabra allanamiento les rechina en lo más profundo; pero esto es diferente. Aquí se trata de defender a la gente honesta y atacar al narcotráfico de manera efectiva. Gustavo Leal, que a las teorías de los libros le sumó la calle y estar en el medio de la batalla contra el crimen, plantea que solo el vecino que tiene cerca una boca de venta de droga puede hablar con propiedad de lo que esto implica.
Quien permita que se use su vivienda como boca de venta de droga debe saber que le costará caro y que el sistema será implacable. Lo contrario es condenar a la gente honesta de su barrio a vivir en un infierno. Un fenómeno lateral que se produce en torno a estas cuevas de delincuentes es el asalto a las mismas por otros criminales, ya que en estos lugares pueden hallar dinero en efectivo, drogas, armas y, de paso cañazo, eliminar competidores del mercado.
Sin embargo, lo que en lo personal me lleva a dudar de apoyar la habilitación de los allanamientos nocturnos es este gobierno. Ya hemos visto como, envalentonados con el discurso de los líderes derechistas, algunos policías han cometido abusos al grito de “se terminó el recreo”.
Se podrían estudiar alternativas, como que el fiscal supervise personalmente las acciones. Episodios como el sucedido hace unos días en que se destrozó la puerta de un hogar y aterrorizó a una familia que nada tenía que ver con lo que se buscaba no deben volver a ocurrir.
Soy partidario de darles con todo a los narcos y no atar las manos de fiscales y policías; pero este gobierno no representa ninguna garantía de respeto a los derechos humanos, lo cual nos enfrenta a una encrucijada nada sencilla de resolver.
Habrá que pensar el tema con mucha serenidad y cautela.
El Frente Amplio debe oír el clamor de mucha gente que reclama medidas eficaces contra los narcos, que avanzan, y la coalición debe mantener a raya a sus gorilas.