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Tras el cierre de la votación de la Rendición de Cuentas en la cámara de Diputados, y a horas de que este proyecto ingrese al Senado, algunos representantes del sector audiovisual levantaron la alarma sobre los efectos de los artículos votados.
Una de las primeras manifestaciones fue la de la Asociación de Productores y Realizadores de Cine del Uruguay (Asoprod), institución que este fin de semana publicó un comunicado marcando su "gran inconformidad con el texto votado por los diputados".
"Esto pone a nuestra asociación en estado de alarma, ya que de aprobarse definitivamente el actual articulado, se afectará seriamente la producción cinematográfica nacional que ha traído grandes beneficios para el país desde hace más de dos décadas", sentencia Asoprod.
El texto, tal como fue votado, presenta varios problemas. Uno de ellos es la "definición ambigua de obra audiovisual a fomentar". "La importancia de tener una definición clara entiende que no todo los audiovisuales que se pueden proyectar en una pantalla son iguales. Esta confusión en la redacción actual dará lugar a que desde el Estado se pueda fomentar y promover audiovisuales que no desarrollan nuestra cultura, que no crean y alimentan procesos industriales, que no nos enriquecen como sociedad".
Además, afirma Asoprod, es fundamental que se mantengan los mínimos aportes específicos para el Fondo de Fomento audiovisual. "Este fondo es la capital semilla para el desarrollo, producción y circulación de la creación nacional". Si esto no ocurre -siempre que el texto del proyecto siga tal como fue aprobado- "podremos tener una agencia sin producción uruguaya".
"Mantenemos nuestra voluntad de seguir construyendo una política de Estado para el sector y reiteramos el llamado a una reflexión seria y profunda de los Poderes Ejecutivo y Legislativo para mejorar el articulado actual en base a los aportes que desde la asociación le hemos hecho llegar a todo el sistema político en este mes y medio de reuniones con todos los partidos políticos en Parlamento y Ministerios", afirma la asociación de productores y realizadores.
El comunicado concluye denunciando la poca receptividad del gobierno a los planteos del sector. "A pesar de nuestros esfuerzos de diálogo sentimos que el gobierno aún no recoge lo vital de nuestro planteo concebido en su totalidad para que esta Agencia sea un cambio positivo. El marco legal e institucional del sector audiovisual ha sido una política de Estado construida a lo largo de muchos años y de diversas administraciones, en diálogo con todo el sistema político y el sector privado. Tememos que una buena idea mal desarrollada pueda deshacer todo el trabajo y los logros obtenidos durante tantos años y que así se destruya el futuro de la producción cinematográfica nacional".