Gómez también cuestiona que el decreto fue justificado por el impacto de la pandemia de #COVID19, pero «el beneficio no llegó a los trabajadores de la TV paga, donde hubo mayor cantidad de despidos, incluso dirigentes sindicales: Equital SA, Montecable, NuevoSiglo».
Las exoneraciones a las que hace referencia la noticia aplican para dos tipos de contribución fijadas por los artículos 187 y 188 de la Ley 19.307 de Regulación de Servicios de Comunicación Audiovisuales, aprobada durante el periodo de gobierno del Frente Amplio.En el caso del artículo 187, hace referencia un canon anual por Costo de Licencia y el 188 al Precio por derecho de uso del espectro radioeléctrico.
Sobre este tema, también se pronunció Gabriel Mazzarovich, integrante de APU, quien publicó un artículo al respecto en El Popular bajo el título «Favor con favor se paga». «Estas contribuciones, las primeras en la historia -nunca los propietarios de los medios de comunicación pagaron nada por el usufructo de las frecuencias- fueron instrumentadas en la ley vigente desde el 2015. Pero se reglamentó en el 2019 y se empezaba a pagar y a recaudar en el 2020», escribió Mazarovich.
«Estaban exoneradas del pago las radios del interior. Y la aplicación de un porcentaje mínimo de la facturación de los medios era progresiva, en el caso de la televisión por abonados, según la cantidad de abonados. Es decir, los medios chicos o no pagaban o pagaban muy poco y los grandes pagaban más», agregó.
Por otro lado, cuestiona los argumentos utilizados por el gobierno (favorecer a los medios pequeños, atender la situación especial de los medios por el impacto de la pandemia y favorecer la actividad económica y el empleo) y los tilda de «falaces». «Los medios chicos no pagan el canon. Esta nueva ayuda a los grandes empresarios de los medios se da cuando se produjeron decenas de despidos, muchos de ellos por medidas antisindicales y, además, no contempla ninguna contrapartida. Si defender el empleo fuera la intención, se podría haber planteado que las empresas, ante este regalo de cientos de miles de dólares, se comprometían a no despedir a sus trabajadores. Pero no hay nada de eso».
«Esta medida priva al Estado de recaudar, al menos, 700 mil dólares solo este año, por el pago anual por la licencia y otra importante cantidad por el pago que correspondía al uso de las frecuencias».
Con respecto al cuestionamiento que se hace sobre que el FA demoró en reglamentar la ley, opinó que se trata de otra excusa falaz. A su entender, la demora se explica en que en las diferencias políticas en su aplicación y en que «la derecha, que votó en contra de la Ley, hizo una campaña feroz en su contra y presentó, junto con los empresarios, 75 recursos de inconstitucionalidad».
«Es también falaz criticar por la demora en la reglamentación de la Ley cuando fue la propia derecha la que hizo todo por impedir su votación y luego su aplicación. Critican por no aplicar la Ley quienes la combatieron, la obstaculizaron y ahora quieren derogarla y retroceder mucho más allá de lo que estaba antes. Es realismo mágico, un universo paralelo de pos verdad».
Para Mazzarovich el decreto «se inscribe en la restauración conservadora, que incluye un ajuste neoliberal y que está provocando la concentración de la riqueza y el poder en Uruguay. Y eso se está aplicando con independencia de la pandemia e, incluso, aprovechando la pandemia».
