Un problema que trasciende lo individual
Rodríguez subrayó que uno de los principales aprendizajes del colectivo fue entender que la situación carcelaria no responde a casos aislados, sino a un problema estructural. “Rápidamente entendimos que no eran problemas individuales, era un problema que afectaba a toda la sociedad”, indicó.
Actualmente, Uruguay cuenta con más de 16.700 personas privadas de libertad. A esto se suma, según datos manejados por la organización, que por cada persona presa hay entre cuatro y seis familiares directamente afectados. Esto implica que más de 120.000 personas en el país viven de forma directa las consecuencias del sistema carcelario, incluyendo niños, niñas y adolescentes.
Uno de los puntos centrales de la intervención de Rodríguez fue el impacto emocional, social y económico que la cárcel genera en las familias. “Uno no está preparado para transitar el sistema carcelario. Nunca piensa que esto le va a pasar”, expresó. Además, destacó que muchas veces los niños y adolescentes se ven especialmente afectados, ya sea por las condiciones de las visitas o por el debilitamiento de los vínculos afectivos cuando estas no se sostienen. Este proceso, explicó, también fue parte de un descubrimiento colectivo dentro de la organización, que permitió dimensionar la magnitud del problema más allá de las personas privadas de libertad.
Condiciones de reclusión y derechos humanos
La asociación trabaja en la denuncia de lo que consideran violaciones a los derechos humanos dentro de las cárceles, así como en la elaboración de propuestas para mejorar las condiciones de reclusión. Rodríguez describió las condiciones de vida como “nefastas” y señaló que también afectan a funcionarios policiales, trabajadores civiles y profesionales que desempeñan tareas en el sistema penitenciario.
En ese sentido, insistió en la necesidad de abordar el problema de forma integral y no únicamente desde una perspectiva punitiva. Otro de los ejes abordados fue la situación de las personas que recuperan la libertad. Rodríguez advirtió que una proporción significativa de quienes salen de prisión no cuentan con redes de apoyo, lo que incrementa el riesgo de exclusión social. “Si una persona sale de la cárcel y no tiene una familia de acogida, tenemos que pensar qué fue lo que pasó antes”, señaló.
La falta de vínculos familiares y de dispositivos de inserción social genera, según explicó, un circuito que puede derivar en situaciones de calle o en la reincidencia. En este contexto, valoró que exista una mayor conciencia pública sobre la conexión entre el sistema carcelario y otros problemas sociales, aunque advirtió que ese reconocimiento debe traducirse en políticas concretas y sostenidas.
Rodríguez afirmó que el sistema carcelario, lejos de resolver problemas, genera nuevas tensiones sociales si no se abordan sus causas estructurales. Desde Familias Presentes, el objetivo es seguir incidiendo en el debate público, visibilizando la situación y promoviendo cambios que contemplen tanto a las personas privadas de libertad como a sus familias. “El problema de la cárcel es mucho más grande de lo que parece”, resumió.
Embed - #27 Legítima Mañana | Familias, cárceles y hambre: el Uruguay invisible
