El asesoramiento de agentes de la CIA en Jefatura formaba parte de una valoración del Pentágono sobre la “debilidad” mostrada por el Gobierno uruguayo ante lo que habían sido las huelgas de trabajadores que se produjeron a partir de 1958 y que llegó incluso el gobierno a solicitar la intervención militar de Brasil, que iba rumbo a su golpe de Estado.
Al tiempo que policías y militares uruguayos iban a cursos de instrucción en la Escuela de las Américas, impulsados por Estados Unidos, agentes de la CIA se instalaban en las oficinas de Yí y San José, donde funcionaba la Dirección Nacional de Inteligencia.
El agente cubano Manuel Hevia Cosculluela estuvo ocho años infiltrado en la CIA y fue quien denunció en su libro “Pasaporte 11333” la presencia de la agencia en la Jefatura de Policía de Montevideo al mando de Dan Mitrione. También fue testigo de la creación del Escuadrón de la Muerte uruguayo.
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Vieja Jefatura de Policía de Montevideo en San José y Yí.
Recordemos algunos párrafos del libro: “A principios de 1970 Cantrell me dio cita en su casa de Montevideo con el fin de comunicarme su próxima partida rumbo a Washington motivada por su nombramiento para un nuevo cargo. El norteamericano preveía que, a lo sumo, yo podría permanecer en Punta del Este otro año más. Ya demasiados integrantes del aparato paralelo y de la Dirección de Información e Inteligencia me ubicaban en mis verdaderas funciones y esas cosas a la larga trascienden, lo que no me permitiría seguir en la Sección Política (…) La primera noticia de Mitrione la tuve pocos días antes de la partida de Sáenz. Cantrell estaba muy satisfecho. Confiaba en poder realizar una labor mucho más eficaz ahora, al desembarazarse del inestable asesor jefe. Conocía superficialmente a su sustituto pero quedó muy impresionado por su historia, ya que en Brasil había tenido una participación destacada (…) La partida de Noriega fue mucho más precipitada. Se produjo días antes de haberse hecho público el hallazgo de la centralita telefónica clandestina que le fuera colocada tanto a la Embajada soviética como a otras sedes diplomáticas del barrio Pocitos (…) En menos de un año se renovó a todo el personal yanqui de la Misión. Habían permanecido cuatro años en Uruguay. Sus nombres aparecían con demasiada frecuencia en las acusaciones de la prensa progresista. Estaban gastados. (…) Resultaba obvio que los norteamericanos consideraban concluida la primera fase de su trabajo en Uruguay. La Dirección de Información e Inteligencia ya estaba consolidada. La infiltración y el dominio de la Jefatura de Montevideo y del Ministerio del Interior eran satisfactorias. Hasta ese momento se habían celebrado cerca de seis cursos de entrenamiento y sentado las bases para la penetración en el interior de la República (…) Las clases (brindadas por Dan Mitrione en una casona en Malvín) comenzaron insinuantes: anatomía y descripción del funcionamiento del sistema nervioso humano, psicología del prófugo y psicología del detenido, profilaxis social. Como sujetos de las primeras pruebas se dispuso de tres pordioseros, conocidos en Uruguay como ‘bichicomes’, habitantes de los suburbios de Montevideo, así como de una mujer, aparentemente de la zona fronteriza con Brasil. No hubo interrogatorio, sino una demostración de los efectos de diversos voltajes en las partes del cuerpo humano, así como el empleo de un vomitivo, no sé por qué ni para qué, y otra sustancia química. Los cuatro murieron (…) Mitrione consideraba el interrogatorio un arte complejo. Primero debía ejecutarse el período de ablandamiento, con los golpes y vejámenes usuales. El objetivo perseguido consistía en humillar al cautivo, hacerle comprender su estado de indefensión, desconectarlo de la realidad. Nada de preguntas, sólo golpes e insultos. Después, golpes en silencio exclusivamente. Sólo después de todo esto, el interrogatorio. Aquí no debía producirse otro dolor que el causado por el instrumento que se utilizara. Dolor preciso, en el lugar preciso, en la proporción precisa elegida al efecto. Durante la sesión debía evitarse que el sujeto perdiera toda esperanza de vida, pues ello podría llevarlo al empecinamiento. Siempre hay que dejarles una esperanza, una remota luz. Cuando se logra el objetivo, y yo siempre lo logro, me decía, puede ser oportuno mantener un rato más la sesión o aplicarle otro ablandamiento, pero ya no para extraer información, sino como arma política de advertencia para crear el sano temor a inmiscuirse en actividades disociadoras”.
Fue el fotógrafo policial Nelson Bardesio quien confesó a los tupamaros la existencia y funcionamiento del Escuadrón de la Muerte, pero las autoridades norteamericanas ya sabían de su existencia. Un documento desclasificado por el National Security Archive de Estados Unidos confirmó que en 1972 la Embajada de los Estados Unidos en Uruguay creía en la existencia de los escuadrones de la muerte. Para la diplomacia estadounidense de la época, los homicidios de los jóvenes militantes del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, Abel Ayala, Héctor Castagnetto, Manuel Ramos Filippini e Ibero Gutiérrez fueron obra de los escuadrones de la muerte, el Comando Caza Tupamaros y Defensa Armada Nacionalista.
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Silvio Amodei y Kiara Lucas
La memoria
Silvio Amodei, que fue una de las tantas personas que pasó presa por allí, integra la comisión de ex presos que impulsa la señalización y ya había trabajado en la colocación de la placa en homenaje a Abel Ayala, el primer detenido desaparecido en 1971. El 13 de diciembre del 2019 presentaron la iniciativa que fue aprobada el 16 de mayo del 2020, pero luego el Ministerio del Interior del gobierno de Lacalle, por donde pasaron tres ministros, no avanzó en la colocación de la placa.
Dice Amodei que el objetivo es el reconocimiento a las "personas que pasaron por allí, que eran menores, prácticamente niños, sindicalistas, integrantes de movimientos sociales, movimientos políticos; ahí pasó un pueblo, miles de personas pasaron por ahí, no queremos ejemplificarlo en nadie pero es un homenaje a todos aquellos que tuvieron la dignidad, la fuerza y el coraje de resistir y siguieron peleando y luchando por un mundo mejor. Este fue el objetivo".
Amodei recuerda que, además de llevar a la ex Jefatura a participantes de manifestaciones en el marco de las Medidas Prontas de Seguridad, la misma también funcionó como cuartel de la CIA y allí se creó y operó el Escuadrón de la Muerte. “Nosotros fuimos muy claros en esto cuando hicimos esta solicitud y pusimos los hechos arriba de la mesa, como mínimo para empezar, desde 1968 al 1985 hubieron detenidos en Jefatura de Policía, que actúa ya desde antes reprimiendo manifestaciones estudiantiles, manifestaciones de trabajadores, manifestaciones obreras… Existían los departamentos de Inteligencia y Enlace, donde se interrogó, torturó y encarceló. Hasta las mujeres estuvieron ahí, pasó una cantidad infinita de personas. Yo diría que debe ser unos lugares por donde pasó más gente”.
Amodei recuerda que muchas de las torturas fueron denunciadas en el Parlamento uruguayo y están en sus actas: “Hay declaraciones por todos lados, en la prensa de la época, en Senadores, en la Cámara de Diputados. Se gobernó con medidas prontas de seguridad, con una declaración de estado de guerra interno, y es bueno recordar también que no solamente actuó el Ejército, actuaron en las Fuerzas Conjuntas, y ahí participaba la Policía”.
Kiara Lucas, representante por Madres y Familiares en la Comisión de Sitios de Memoria, explica que "la ley de sitios abarca el periodo del 68 al 85; en este caso se nombran hechos que acontecieron antes de eso y que están demostrados, pero hay suficientes pruebas de lo que sucedió del 68 en adelante, hay pruebas de sobra de que todo lo que argumentan los compañeros sucedió; no sólo pruebas escritas, sino testimonios de la cantidad, de miles de personas que pasaron por ese lugar. Entonces lo que a nosotros nos compete es analizar esas solicitudes que llegan y entender si se enmarcan dentro de la ley de sitios. En este caso había pruebas de sobra de que correspondía esta señalización".
Sobre la propuesta del diputado colorado Schipani de señalizar sitios donde actuaron los grupos insurgentes, Lucas, sin hablar en nombre de la Comisión, opina que “al día de hoy nosotros recibimos todas las solicitudes, las analizamos en torno a la ley. O sea, si cualquier organización social quiere enviar una solicitud de marca de memoria o de sitio, lo puede hacer. Nadie le está diciendo que no. Ahora la ley es muy clara y no tiene mucho margen de interpretación, que contempla tres puntos: en el punto a la ocurrencia de violaciones a los derechos humanos por parte del Estado, en este caso no entraría en esa competencia. Violaciones u otros delitos sexuales contra hombres, mujeres, persecución política, exilio, desaparición forzada, etcétera, pero por parte del Estado; en esa no entra el planteo. Vamos a la opción B: ‘Realización de actos de resistencia y lucha por la construcción o recuperación democrática’, tampoco entra. Vamos a la opción C: otros sitios a los cuales las víctimas, familiares o comunidades los asocian con estos acontecimientos, que han sido creados para construir y transmitir memoriales, museos, etcétera; en esta tampoco entra. O sea, creo que la ley habla bastante por sí misma”.
Amodei afirma que no se puede seguir por el camino de la “Teoría de los dos demonios” y Lucas recuerda que “es muy importante difundir una cultura que ha sostenido Familiares, siempre entender lo que es el terrorismo de Estado y separarlo de lo que son los crímenes particulares; no hay dos demonios. Acá hubo un Estado que persiguió, violó, asesinó y desapareció gente, con el dinero, además, de su propia población”.
