Los niños fueron entregados a sus abuelos maternos 18 días después, mientras que Rodríguez y Celiberti estuvieron presos hasta el fin de la dictadura cívico-militar, que intentó ocultar el secuestro al dar la versión de que habían sido detenidos en Uruguay, luego de haber ingresado por la frontera brasileña con armas y “documentos subversivos”.
La causa judicial fue abierta por el equipo del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay a principios de 1984 por tortura, secuestro, privación de libertad y sustracción de menores.
En mayo de 2018 el fiscal Perciballe había pedido el procesamiento con prisión de Ferro, Yannone, Bassani y Rossell por cuatro delitos de privación de libertad, en concurrencia fuera de la reiteración real, y dos delitos de abuso contra los detenidos.