Varias de estas complejas situaciones se vienen constatando desde hace varios años, sin embargo, se subraya, desde comienzos de 2020, cuando asumieron las nuevas autoridades del Inisa, hubo un "reforzamiento en la impronta de la seguridad y el control de los centros".
Durante la pandemia se aumentaron las horas de encierro, se redujeron las actividades, el tiempo asignado a las estancias en los patios, y se restringieron las instancias para visitas de familiares. Como consecuencia, indica el informe, hubo un aumento de la conflictividad interna en la mayoría de los centros.
Otra variable que agrava la situación provocada por la emergencia sanitaria fue el aumento de las licencias médicas del personal, provocando una "baja proporción de profesionales técnicos". A esto se suma que en estos centros siguen trabajando funcionarios que tienen sumarios o están en investigaciones por malos tratos.
En otro punto del informe se indica que "las medidas socioeducativas quedan supeditadas a las medidas de seguridad", que no existe un proyecto institucional para implementar líneas de trabajo educativo que apunten a la reinserción social, y que se "continúa habilitando prácticas discrecionales en las direcciones de cada centro".
Por otro lado, se sostiene que con la Ley de Urgente Consideración (LUC) se produjo "grandes retrocesos en la normativa de justicia penal juvenil", que se reflejan en el aumento de penas mínimas y máximas, restricciones en la semilibertad, la permanencia de los antecedentes penales, entre otros aspectos. Esto "profundiza las propuestas contrarias a los estándares y recomendaciones vigentes", por tanto sería urgente eliminar los artículos 75, 76, 77, 78, 79 y 80 de la LUC.
También se constata un peligroso debilitamiento y regresión de derechos y garantías para los adolescentes en conflicto con la ley penal con las modificaciones planteadas al Código de la Niñez y la Adolescencia, a la ley de procedimiento policial (N° 18.315) y en la aprobación del Código del Proceso Penal de 2017.
Ante este panorama se recomienda que el cuerpo de normas y las líneas políticas del país se ajusten a "las convenciones, tratados y estándares internacionales de derechos humanos".
