El proyecto también incluye las tasas de interés máximas y los aranceles para las tarjetas de crédito. Así como elimina la obligatoriedad de cobro por medios electrónicos en localidades con menos de 2.000 habitantes. Por su parte en cuanto a la obligatoriedad a pasivos y jubilados, la misma se elimina para los que comienzan a percibir una pasividad o prestación social», aseguró el jerarca.
Luego de aprobada la ley en 2014, donde era obligatorio, se entendió que «el acceso al derecho está asegurado por una Caja, ahí no hay problemas de formalización del pago», aseguró Ferreri. Recordó que «aquellos pasivos que cobraban antes del 2014, ya podían ejercer el derecho».