Desde ese momento, la gran incógnita era quién sería su rival. En un inicio, el conteo rápido del CNE señalaba que sería el líder indígena Yaku Pérez. El órgano le dio el 20,04% de los votos, mientras que al exbanquero Lasso le confirmó un 19,97%. Pero luego esta tendencia se revirtió dejando a Lasso en segundo puesto con 32.600 votos por encima del candidato del Movimiento Pachakutik, que finalmente habría obtenido un reñido tercer lugar, con 19,39% de apoyos.
Así las cosas, el Consejo precisó que «los binomios que pasan a la segunda vuelta electoral del próximo 11 de abril» son el de la Alianza Unión por la Esperanza de Andrés Arauz y el de la alianza Creando oportunidades-Partido Social Cristiano de Guillermo Lasso. No obstante, esta proclamación permite igual presentar «los recursos administrativos o jurisdiccionales de los cuales se crean asistidos», para impugnar o apelar los resultados.
Denuncias de fraude y pactos rotos: las discusiones de las últimas dos semanas
El líder indígena habló de un fraude electoral en su contra e incluso señaló que habría un complot de sus opositores orquestado por el expresidente Rafael Correa. Según Pérez, ellos no quieren que él sea el candidato que le dispute la Presidencia a Arauz, apadrinado por el exmandatario.
Por eso, Yaku Pérez pidió al CNE que recontara todos los votos de las 24 provincias que tiene Ecuador, mientras que Lasso solo aceptaba un escrutinio en 7 de ellas. Al final, los candidatos llegaron a un acuerdo y el organismo electoral decidió revisar la votación completa de la provincia de Guayas y el 50% de los votos de 16 provincias.
El CNE reconoció que hubo anomalías en el recuento en esos lugares. Por su parte, las incongruencias llevaron a que la Organización de Estados Americanos (OEA) dedicara una misión para vigilar los escrutinios. Estas dos organizaciones fueron las que avalaron el pacto del recuento entre Pérez y Lasso.
Pero ese acuerdo se rompió en menos de una semana. El 15 de febrero, Lasso se retiró del pacto para recontar los votos alegando que esa negociación debía ser aceptada por los 16 candidatos presidenciales y que la apertura de las actas debía ocurrir en las urnas denunciadas y no en la sede central del CNE. Desde antes, el candidato conservador había amenazado con impugnar el proceso si no se ajustaba a la «legalidad».
Intervención de la Fiscalía y la Contraloría en el proceso electoral y denuncias de golpe de Estado
Poco después de conocerse los resultados, un juez nacional autorizó a la Fiscalía General del Estado la retención de la base de datos del sistema informático del CNE, con el fin de recolectar contenido digital del sistema con información de las votaciones y realizar una pericia forense al sistema del CNE.
El juez Luis Antonio Rivera Velasco autorizó el registro y la retención de la base de datos del servidor del Consejo Nacional Electoral, “la información se ceñirá al proceso electoral efectuado el 7 de febrero de 2021”, dijo el magistrado, que dio luz verde a realizar el procedimiento este mismo domingo.
La decisión judicial fue inmediatamente criticada por Arauz, quien alegó “un golpe a la Democracia” con la pretensión, según él, de afectar la segunda vuelta electoral. A través de sus cuentas de Twitter y Facebook, el izquierdista rechazó “con absoluta contundencia la interferencia y la grosera intromisión de otras funciones del Estado en la función electoral”.
Su partido, UNES, presentó una queja ante el Tribunal Contencioso Electoral por lo que consideró una “grosera violación de la ley por parte de la Contraloría y la Fiscalía” en el proceso electoral ecuatoriano e indicó que la fecha de la segunda vuelta, fijada para el 11 de abril, no debe moverse.
Desde antes de que el CNE oficializara los resultados, la Contraloría General del Estado también había expresado su deseo de realizar una auditoría informática. Por ello, el contralor Pablo Celi le envió una carta al CNE en la que le pedía que emitiera una resolución para permitir dicha evaluación; todo «antes de que se lleve a cabo la segunda vuelta electoral (en abril)».
La intención de la Contraloría es estudiar el sistema electrónico que se utilizó en la votación de la primera vuelta presidencial, el pasado 7 de febrero. «La mencionada acción de control tendrá por objeto dar seguimiento a las recomendaciones previamente señaladas por este organismo de control en el examen especial al sistema informático electoral», precisa la misiva.
Lasso también criticó la intervención de la Fiscalía y de la Contraloría para fiscalizar la labor del CNE en medio del proceso electoral. “Quiero alertar a la ciudadanía que en las últimas horas se han producido hechos que deberían alarmar a todos quienes defendemos la democracia en Ecuador: se ha retirado parcialmente el resguardo policial al CNE y han intervenido algunas autoridades ajenas al proceso”, relató Lasso en Twitter.
Por su parte el expresidente Rafael Correa también alertó «Atención Latinoamérica y mundo: Ecuador sufre nuevamente golpe de estado. Fiscalía intenta llevarse computadoras del Consejo Nacional Electoral (CNE) para que no se proclamen resultados e impedir la segunda vuelta. La Presidenta del CNE denuncia que le quitaron custodia policial», tuiteó el exmandatario.
