Crimen son saña
El examen forense reveló una escena dantesca. El cuerpo de Kauane presentaba 20 puñaladas en el pecho, 49 en el cuello y varias heridas en la espalda. La pericia preliminar sugiere que, al caer al suelo, los agresores continuaron atacando a la víctima a patadas y puñetazos, demostrando una ferocidad inhabitual para su edad.
Las cámaras de seguridad captaron a los dos sospechosos juntos momentos antes del crimen. Además, en la casa del menor de 14 años, ubicada a solo 150 metros del matorral donde apareció el cadáver, la policía encontró la ropa que la niña usaba el día del ataque, la cual estaba manchada de sangre y barro.
Nula señal de arrepentimiento
Uno de los testimonios más desgarradores proviene de la familia de la víctima. Gabriel dos Santos Neves, hermano de Kauane, fue quien encontró el cuerpo y alertó a las autoridades. El joven aseguró con profundo dolor que, antes de que los capturaran, habló con los dos acusados y que "ninguno de ellos mostró señales de arrepentimiento".
"Era la princesa de la familia", recordó Gabriel, visiblemente indignado no solo por la pérdida, sino por el contexto judicial. "Un chico de 14 años puede matar a alguien premeditadamente en estas circunstancias; creo que debería rendir cuentas por ello de la misma manera en que cometió el delito", sentenció, haciendo un llamado de atención sobre el sistema de castigos para menores en Brasil.
Antecedentes y silencio oficial
El caso ha tomado una dimensión aún más compleja al revelarse que el adolescente de 14 años ya contaba con antecedentes por narcotráfico y amenazas en el sistema de justicia juvenil, lo que refuerza la hipótesis de una planificación fría y calculada.
El pasado lunes, ambos adolescentes prestaron declaración ante el Ministerio Público de Paraná. Si bien el joven confesó su autoría y la participación de la menor de 13 años, en los pasillos de la comisaría se respira un clima de consternación por la incapacidad de los acusados para dimensionar la gravedad del acto.
La comunidad de Araucária permanece en estado de shock, mientras las autoridades judiciales definen la situación legal de los menores, que actualmente permanecen detenidos.