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El caso Cardama y la responsabilidad de Javier García

Todo el mundo se pregunta por qué el exministro García y, presuntamente, el expresidente Lacalle Pou se empecinaron en asignar la obra a Cardama que lleva más de cien años haciendo otras cosas

Ahora que se sabe que era trucha la garantía de fiel cumplimiento del EuroCommerce Bank de Inglaterra que presentó el astillero Cardama —completamente fuera de fecha— ante el Estado uruguayo cuando se le contrató para construir los dos patrulleros oceánicos; ahora que se sabe que era trucho el propio EuroCommerce Bank en sí mismo y que era trucha su dirección en Londres —que correspondía a una inmobiliaria— y que era trucha la firma del notario español que se presentó en el “acta de manifestación” junto con la garantía, y que es trucho —de acuerdo a los técnicos del Ministerio— el invocado porcentaje de 60 % de avance de la construcción del primero de los barcos, no queda otra que suponer que es trucho todo lo antecedente y es altamente probable que sea trucho todo lo posterior, incluyendo fechas de entregas, calidad de la obra, adecuación técnica, prestaciones prometidas y el largo etcétera que podamos imaginar de lo que involucra un contrato de esta naturaleza por un par de navíos militares entre un Estado de ingenuos —cuando menos— y una empresa inescrupulosa.

Con este panorama, resulta razonable que el Gobierno denuncie en la Justicia los hechos de apariencia delictiva que vaya detectando y, en la medida que surjan más hechos irregulares, amplíe el alcance de sus demandas. Porque el Gobierno tiene la obligación de proteger el interés del Estado uruguayo ante cualquier clase de hampón, de aquí o del extranjero, que intente aprovecharse de nuestra candidez, la buena fe y los escasos recursos de nuestro país.

El trámite judicial correrá su camino y más temprano o más tarde dirimirá sobre la naturaleza de los hechos y sus eventuales responsables penales o civiles, pero sobre las responsabilidades políticas tiene que pronunciarse la política y hay que esclarecerlas en todos los términos y para todas las etapas de este proceso, que comenzó extraño y amenaza con terminar muy mal, dejando al Uruguay sin los barcos que necesita, con un agujero de casi 30 millones de dólares y en medio de litigios nacionales e internacionales. Por todo ello es muy importante la interpelación que tendrá como miembro interpelante al senador y exministro más involucrado con esta historia, Javier García, y, como interpelada, a la actual ministra Sandra Lazo, quien ha ordenado las investigaciones administrativas que corresponden en el marco de sus atribuciones para aclarar los hechos y ha asesorado, seguramente, al presidente sobre el curso de acción recomendable ante esta situación.

Algo que todos sabemos, además de las características fraudulentas de la garantía, de la firma notarial, de los plazos y del avance de la obra, es que en esta interpelación, aunque parezca un contrasentido, el principal interpelado va a ser el senador interpelante: es que es evidente que son tantas las irregularidades y parece tan inexplicable que este contrato haya sido adjudicado a un astillero como Cardama, que había quedado rankeado último, que no reunía los pergaminos mínimos para semejantes proyectos, que ni siquiera era el sugerido por los técnicos o por los jerarcas más importantes de la Armada de entonces, que ahora campea la suspicacia y todo el mundo se pregunta por qué el exministro García y, presuntamente, el expresidente Lacalle Pou se empecinaron en asignar esta obra a esta empresa de Vigo que lleva más de cien años haciendo otras cosas —nunca algo ni siquiera parecido— y que no conseguía que nadie le brindara una garantía, al punto de presentar una garantía inexistente.

A todos nos gustaría saber qué le vieron a esta empresa las exautoridades y por qué se muestran tan nerviosas, al punto de ensayar una defensa acalorada de tal magnitud que, en lugar de situarse en la defensa de los intereses de la Uruguay, parecen mucho más abocadas a defender los intereses de la empresa que, de acuerdo a todos los indicios, intentó jopear al Estado con una garantía irreal de una empresa de papel certificada por la firma apócrifa, puesto que el escribano español que aparece como firmante no la reconoce.

Hay que indagar, hay que conocer, hay que empezar a correr el velo a todos los negocios que presenten opacidades, inconsistencias, y hay que ver, finalmente, si se trató de errores producto de la ineptitud o la inexperiencia o si, por el contrario, hubo otros motivos todavía ocultos para todas estas cosas.

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