Este argumento se ampara en la cláusula 38 del contrato, en donde se fijaron los tribunales de la República Oriental del Uruguay como competentes en las discusiones que son jurídicas.
Por contrapartida, de tratarse de "aspectos técnicos", la cláusula 39, que es la referida a la solución de conflictos, estableció que se determinaba a la Sociedad de Clasificación (Lloyd’s Registrer) como la competente para su dilucidación, pero en caso de no haber un acuerdo se abría la posibilidad de recurrir a un arbitraje en París, donde tiene su sede principal la Corte Internacional de Arbitraje, y que es el camino que está recorriendo ahora Cardama.
La postura del Poder Ejecutivo, entonces, es que se trata de un reclamo que "carece de competencia", por lo que espera que recaiga un fallo que "desestime" el planteo del astillero español. Por lo pronto, y muy a grandes rasgos, lo que planteará el Estado uruguayo en París es que el tribunal en donde se presentó la demanda "carece de jurisdicción" para dirimir el conflicto.
La estrategia del gobierno
Parte de la estrategia del gobierno en este frente abierto con el astillero de Vigo es entablar una demanda en Uruguay, como fue definido en una de las resoluciones adoptadas al momento de comunicar la cancelación del contrato.
Y esto ocurrirá "sobre fines de este mes o al inicio del siguiente", señaló una fuente oficial consultada para esta nota.
Con lo que la definición del gobierno es "urgir" al Ministerio de Defensa, comandado por Sandra Lazo, a que dé este paso "cuanto antes" y presente en un juzgado civil una demanda "por daños y perjuicios" contra la firma gallega, de la que se buscará que devuelva "todo el dinero" que el Estado uruguayo ha pagado hasta ahora por la parcial construcción de la primera de las dos patrulleras oceánicas —por las que se iban a pagar unos 82 millones de euros, y efectivamente se abonaron más de 28 millones.
