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Se conocieron las pautas del Poder Ejecutivo para la próxima ronda del Consejo de Salarios que impactará sobre los sueldos de casi 800 mil uruguayos.
Tras cinco años de gobierno de Lacalle Pou, donde los salarios de la gente perdieron contra los precios, la propuesta del Gobierno supone retornar a la senda del crecimiento de los salarios reales que se transitara durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio.
La pauta presentada por el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, y el subsecretario de Economía, Martin Vallcorba, divide a los trabajadores en tres franjas según sus ingresos y propone un aumento del 7 % en el primer año para los trabajadores de la franja con salarios menores de 40 mil pesos aproximadamente, un aumento que supera en más de dos puntos la inflación proyectada. Este primer grupo comprende al 30 % de los asalariados privados. El aumento previsto para la segunda franja (64 % de los trabajadores), con salarios que van desde cerca de 40 mil pesos a 165 mil, es un poco menor, pero también supone crecimiento frente a la inflación proyectada, y la tercera franja (6 %) sería la única que tan solo mantendría su poder de compra, porque tendría el mismo porcentaje de aumento que la inflación prevista.
Con esta propuesta del Ejecutivo, en principio se disipa el temor de desindexación, al menos en su significado intuitivo, que permitía sospechar de que hubiese trabajadores que vieran sus salarios aumentar por debajo del ritmo inflacionario previsto. Naturalmente, por cómo fueron presentadas las pautas, todavía queda la posibilidad de que no se registre ese aumento del salario real, porque depende de que la inflación no se aparte de la proyectada, algo en sintonía con lo sucedido en los últimos dos años, en los que, de acuerdo a la información que brinda el Banco Central, la inflación se ha mantenido dentro de la meta.
En las últimas semanas se han conocido algunas iniciativas que se acercan al tipo de medidas–señales que los votantes de la izquierda reclamaban: a las pautas de marras debe añadirse la decisión de bajar cien pesos la garrafa de gas, la nueva reglamentación de Ley de Medios, la incorporación de las vacunas antimeningocócicas en el esquema de vacunación del Estado, el bono vuelta a clase y también medidas para atender la emergencia que se vive con miles de personas en situación de calle.
Todas estas medidas que se han adoptado y han tomado estado público en el último mes vienen a revertir, al menos parcialmente, la imagen de cautela exagerada que caracterizó el inicio de un gobierno que sorprendió por la lentitud en la aplicación de una agenda de cambios. Por supuesto que el Gobierno puede sostener con argumentos que recibió un Estado en una situación mucho más delicada de la que preveía y con un hueco de mil millones de dólares entre lo que le informaron en la transición y lo que fue descubriendo. También puede decir, con razón, que es la primera vez que se gobierna sin tener seguros los votos en una de las Cámaras, y que ello ha condicionado el tipo de iniciativas que se pueden llevar adelante. Pero hay que ser conscientes de que, más allá de razonables justificaciones, la sociedad necesita soluciones y nadie gobierna con beneficio de inventario.
En estos primeros meses, el Frente Amplio puede dar cuenta de algunos logros en el plano legislativo (aprobó la Rendición de Cuentas y tuvo una ley de salvataje de la Caja de Profesionales) y puede mostrar algunos caminos iniciados para reformas más profundas, como el diálogo social. Además, ahora también puede mostrar medidas concretas en beneficio de las mayorías más postergadas.
A la vez, el Gobierno tiene una debilidad muy grande en el posicionamiento internacional, en la medida en que el presidente y el canciller no se sienten cómodos con el pensamiento mayoritario de la fuerza política, de los sectores —incluso los propios— y los votantes que los llevaron a la conducción del país.