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Tal vez vale la pena recordarlo.
“Dentro de cada país es la competencia entre los más fuertes y los más débiles, los de más vigor físico, los que se alimentan mejor, los que aprendieron a leer y escribir, los que fueron a las escuelas, los que acumulan más experiencia, más relaciones sociales, más recursos, y los que carecen de esas ventajas dentro de la sociedad”.
No todos largan al mismo tiempo, ni corren lo mismo, ni aceleran desde el mismo punto de largada. El orden “natural” hace que siempre ganen los que llevan ventaja, el más rápido, el que dispone de más recursos, el más fuerte.
Es la ley de la selva. Y en la selva manda el león.
Así se autodenominó Javier Milei, “el loco”, el que ganó en Argentina y hoy asombra en Davos. Pero “el loco” no es tan loco, ni el león está solo en esta selva. También aquí, en Uruguay, hay quienes lo miran con simpatía.
El triunfo de Javier Milei pone en la orden del día la discusión sobre el modelo económico, el país que queremos y su inserción en el mundo.
Su protagonismo en la región y la significación de Argentina para nosotros los uruguayos y para el contexto internacional, vuelve el debate insoslayable, máxime que la proximidad de las elecciones en nuestro país pone la política en todas las discusiones, en los medios de comunicación y en todos los ámbitos en donde se desenvuelve nuestra vida.
Siendo honestos, estamos lejos de ser comparables con Venezuela y con la Argentina antes o después del llamado “kirchnerismo”.
Cualquier empresario, político, diplomático o ciudadano común acepta que aquí en Uruguay las elecciones no entrañan peligro. Tenemos una democracia estable, un sistema jurídico creíble, una economía con números macro equilibrados, partidos políticos responsables y candidatos conocidos y con largas trayectorias relativamente exitosas como gobernantes en distintos ámbitos.
Habría que reconocer también que, pese a sus fracasos, el neoliberalismo, en sus diversas variantes, está a la moda, y algunas de sus políticas y muchas de sus ideas son factores de primer orden en el pensamiento de la “nueva derecha” y en algunas de sus variedades como el anarcoliberalismo argentino que pregona Javier Milei.
El modelo aboga por la mínima intervención del Estado en la economía, promoviendo las desregulaciones, la libre competencia entre desiguales y la privatización de lo público.
Sin perjuicio de que tiene defensores en todo el mundo que dicen procurar la felicidad y el bienestar, su implementación en donde se ha impuesto ha generado consecuencias regresivas en la distribución del ingreso y la riqueza, contribuyendo a la ampliación de las brechas sociales y la desigualdad que, como se sabe, es la principal causa de la inestabilidad, la inseguridad y la violencia.
Una de las principales características del neoliberalismo es la privatización de empresas estatales y servicios públicos y el Fondo Monetario Internacional es un impulsor privilegiado y determinante de estas políticas que tienen en Estados Unidos su mayor sostén. En su primer encuentro, Javier Milei le confesó a Kristalina Georgieva que cumpliría con todas las imposiciones del FMI.
En su variedad anarcoliberal, el neoliberalismo parece querer la extinción del Estado, dejando en manos del mercado casi todas las actividades y servicios que usualmente son de su responsabilidad, como la salud y la educación, desregulando la economía y reservando para lo público solamente el monopolio del uso de la fuerza, de manera de ejercer una dictadura de clase capaz imponer relaciones sociales que más tarde o más temprano son resistidas por la enorme mayoría que es víctima de la creciente desigualdad.
No hay experiencia alguna de que estas políticas no hayan conducido a otra cosa que a la concentración de la riqueza y la exacerbación de las desigualdades económicas.
El achicamiento del Estado, las privatizaciones y la primacía de lo privado sobre lo público han reducido y abatido las políticas de bienestar y seguridad social. La falta de redes de seguridad incrementa la desigualdad, ya que aquellos con recursos limitados enfrentan mayores dificultades para acceder a servicios básicos y oportunidades educativas y de salud, aumentando la vulnerabilidad de los más pobres y sobre todo de los más desvalidos, mujeres, ancianos y niños, discapacitados y grupos raciales y sexuales más discriminados.
El achicamiento del Estado, las desregulaciones y el abandono de políticas públicas se acompañan de reducción de derechos, flexibilización laboral y abatimiento del salario. También a condiciones laborales deficientes y a una distribución desigual de los beneficios económicos.
A medida que la desigualdad se profundiza, las oportunidades para que las personas mejoren su situación económica se vuelven más limitadas. Esto crea una sociedad donde la posición socioeconómica de nacimiento juega un papel crucial, afectando negativamente la idea de igualdad de oportunidades.
Las desregulaciones pueden afectar a todos los sectores de la economía, las comerciales, financieras, las barreras antimonopolio, según qué intereses y conveniencias afecten.
La "nueva derecha" y el neoliberalismo son un perro con diferente collar, aunque en la primera se evidencian rasgos sobresalientes del pensamiento conservador, como su oposición a ciertos aspectos de la llamada “ideología de género”, la igualdad sexual, la defensa del medio ambiente, el matrimonio igualitario y los derechos de la comunidad LGBTQ.
A pesar de abrazar políticas económicas liberales, la nueva derecha sostiene posiciones conservadoras en temas culturales y sociales. La oposición a la llamada "ideología de género" y la defensa del matrimonio tradicional pueden estar en línea con valores culturales y religiosos conservadores.
La nueva derecha puede expresar escepticismo hacia las políticas ambientales que considera excesivas o que imponen restricciones significativas a las empresas y la economía. Este escepticismo, que puede llegar a la hipocresía de sostener que el Estado pretende maniatar la autonomía de la naturaleza, puede llevar a oponerse a medidas destinadas a abordar el cambio climático o a proteger el medio ambiente, que estas corrientes ideológicas perciben como obstáculos para el crecimiento económico.
Al oponerse a ciertas agendas progresistas, como la igualdad de género o los derechos LGBTQ+, pueden movilizar a sectores de la sociedad que se sienten amenazados por estos cambios.
Milei defiende políticas económicas basadas en principios liberales, como la reducción de la intervención del Estado en la economía, la promoción del libre mercado y la eliminación de regulaciones que considere innecesarias. Propone reducir la carga impositiva y la simplificación del sistema tributario. Aboga por la reducción del gasto público para equilibrar las finanzas del Estado.
Milei ha expresado su apoyo a la flexibilización laboral. Propone la desaparición del Banco Central para evitar la manipulación política de las políticas monetarias. Con sus características maximalistas propone la dolarización de la economía y la sustitución de la moneda nacional por el dólar. Aboga por la apertura comercial y la eliminación de barreras comerciales para fomentar la competitividad y el comercio internacional.
Si bien Milei ha expresado su apoyo a las libertades individuales, incluyendo la libertad de expresión y la defensa de los derechos individuales frente a intervenciones estatales, ha puesto en los servicios de seguridad, la gendarmería, los aparatos de inteligencia y en los propios mandos de las Fuerzas Armadas personajes con una retórica represiva y amenazante que permite abrigar sospechas sobre los verdaderos propósitos de Milei y, especialmente, de su entorno.
El pensamiento neoliberal ha sido objeto de diversas críticas y objeciones morales y políticas a lo largo del tiempo, lo que ha llevado a que pocos se reconozcan como neoliberales.
Parece evidente que el neoliberalismo aumenta la brecha entre ricos y pobres. Las políticas económicas que favorecen la desregulación y la privatización benefician a las clases más altas, dejando a los sectores más pobres con menos acceso a recursos y oportunidades.
La privatización de servicios públicos, como la educación y la salud, puede generar preocupaciones sobre el acceso equitativo y la calidad de estos servicios. La búsqueda de la eficiencia económica puede resultar en una disminución de la accesibilidad para aquellos que no pueden pagar servicios privados. La privatización de otros servicios como el de la refinación del combustible, la generación y distribución de energía eléctrica, la telefonía fija y móvil, la transmisión de datos, las bandas de radio y televisión, las jubilaciones y pensiones, la distribución y potabilización del agua y el saneamiento quita accesibilidad a estos servicios por parte de la población más humilde.
Se argumenta que la maximización de las ganancias puede llevar a prácticas empresariales que ignoran o incluso perjudican a las comunidades y al medio ambiente.
La flexibilización del mercado laboral y la reducción de regulaciones conducen fatalmente a condiciones laborales precarias y a una mayor explotación de los trabajadores. La falta de sindicatos fuertes y la búsqueda de la maximización de beneficios a menudo se asocian con salarios bajos y condiciones laborales deficientes.
Las políticas neoliberales, descuidan las preocupaciones ambientales.
Por último no hay cómo no advertir que el neoliberalismo, al dar un papel predominante al mercado y a las empresas, socava la democracia al concentrar el poder económico en manos de unos pocos. Esto puede llevar a una influencia desproporcionada de las élites económicas en la toma de decisiones políticas.
La campaña de Milei causó asombro por su agresividad y su franqueza. Milei pareció no ocultar nada, aunque los hechos van evidenciando un relato manipulador que ocultaba los auténticos beneficiarios de sus acciones.
De este lado del Río de la Plata han comenzado a aparecer con cautela quienes comparten al menos algunas de sus ideas y añoran algunas de sus propuestas.
Tal vez los más sinceros han sido María Dolores Benavente y Orlando Dovat. La primera, una distinguidísima economista y, el segundo, un empresario muy exitoso, propietario de Zonamérica.
María Dolores hace 20 años que propone la reducción del Estado y Dovat parece insaciable en el reclamo de menos regulaciones.
Ellos, con ser los más destacados, no están solos. Según la encuesta que difunde Búsqueda la inmensa mayoría de los empresarios consultados quieren menos Estado, menos regulaciones, menos sindicatos, menos impuestos, menos derechos laborales, menos empleados públicos, menos burocracia y mayor rentabilidad en sus negocios.
María Dolores va más allá. Sugiere que Milei se quedó corto porque la mayoría de lo que decreta en su Decreto de Necesidad y Urgencia, ya está hecho en Uruguay y todavía, según ella sugiere, aquí hay mucho por hacer.
Conste que propone suprimir ministerios, funcionarios públicos, controles excesivos en el sistema financiero y derechos laborales.
Lo de Dovat es aún peor. Dovat dirige la empresa más grande de uno de los sectores menos regulados de la economía, las zonas francas.
Las empresas que operan en zonas francas se benefician de incentivos fiscales y aduaneros, como la exoneración de impuestos a la renta, impuestos al patrimonio y la exoneración de impuestos a la importación y exportación de bienes y servicios. Los únicos requisitos que deben cumplir las empresas que deseen operar en zonas francas incluyen la presentación de un plan de negocios, la inversión mínima requerida y otros aspectos relacionados con la viabilidad y sostenibilidad de la empresa.
Recientemente, en la última Rendición de Cuentas, se eliminó de la noche a la mañana la exclusión en el sistema antilavado a los usuarios de zonas francas que desarrollen únicamente actividades logísticas y de movimiento de mercaderías como Sujeto Obligado.
Pero Dovat no está aún conforme y considera que Milei es un ejemplo a seguir, una lección de política y un cambio cultural profundo que habría que imitar. Tal vez piensa que sufre demasiadas regulaciones.
Mientras tanto, siguen apareciendo en puertos europeos contenedores provenientes de Uruguay con toneladas de drogas sin que se haya advertido de operaciones sospechosas y sin haber sido controlados por los servicios aduaneros.
Para ser justos, al menos María Dolores Benavente recuerda que la pobreza en Uruguay tiene cara de niño y hay que hacer algo para que el sistema político abra los ojos y reconozca que esto no debería pasar.
De buenas intenciones está empedrado el camino del infierno porque la pobreza aumentará con las políticas neoliberales, como ha sucedido siempre. Los barrios más humildes se seguirán llenando de niños pobres y las cárceles de jóvenes.
Mientras tanto, el semanario Búsqueda, del grupo Magnolio, recomienda en su editorial que “la agenda de un futuro gobierno podría incluir el propósito de eliminar regulaciones innecesarias que solo generan ineficiencias en ciertos mercados y, en definitiva, hacen caro a Uruguay”.