En tanto, al respecto de la denuncia presentada originalmente en octubre pasado, según pudo conocer Caras y Caretas, una de las personas a investigar es quien ocupaba la Dirección General de Secretaría del Ministerio de Defensa, Fabián Martínez, quien, si bien actuó durante todo el trámite de aceptación de la garantía, no dejó marcas de su paso sobre la documentación.
Al mismo tiempo, la otra causa que también se verá alterada luego de los cambios en Fiscalía será la que investiga la destrucción del documento vinculado al narcotraficante Sebastián Marset. La causa vino luego de la denuncia presentada por la exviceministra de Relaciones Exteriores, Carolina Ache, quien señaló que Roberto Lafluf, asesor del expresidente Luis Lacalle Pou, eliminó el intercambio de mensajes vía WhatsApp que mantuvo Ache con el exviceministro del Interior, Guillermo Maciel, dando cuenta de que el Gobierno en el año 2022 conocía quién era Marset. Con respecto a esta causa, para este año 2026, según ya había informado Caras y Caretas, estaba planificada la citación de varios de los involucrados. En tanto, en el marco de los cambios anunciados por la fiscal Mónica Ferrero, distintas fuentes consultadas por Caras y Caretas recordaron que el fiscal Diego Pérez es quien envió informes en el año 2022 al exprosecretario de la Presidencia pasada, Rodrigo Ferrés, detallándole la interna de la Fiscalía.
Y por otra parte, otra de las causas en la que estuvo involucrado el fiscal Diego Pérez fue la investigación sobre el atentado a la Brigada Antinarcóticos, en mayo de 2020, cuando también entonces sus perpetradores amenazaron a la fiscal Mónica Ferrero. En el año 2022, Pérez informó en todos los medios de comunicación que esperaba la detención y extradición de Rodrigo Loly Fontana, quien finalmente fue imputado en Uruguay. Fontana muerto en agosto de 2024 nunca fue interrogado por parte del fiscal Diego Pérez para procurar acreditar su vinculación con el narcotraficante Sebastián Marset, como el mismo fiscal había divulgado. La situación en torno a la detención de Loly Fontana y los pasos dados por el fiscal Diego Pérez llevaron a que la relación de éste con la fiscal Mónica Ferrero, que entonces ocupaba la Fiscalía de Estupefacientes, se tensionara.
Los argumentos de Ferrero y la Constitución
La fiscal general de la Nación subrogante, Mónica Ferrero, concurrió al Parlamento recientemente para dar la opinión de la Fiscalía acerca de la reforma del Código de Proceso Penal (CPP) presentada por una comisión asesora encabezada por el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz. Ferrero se refirió al presupuesto necesario para contemplar los cambios al CPP y a la creación de la Fiscalía para la Investigación de Cibercrímenes, que encabeza desde ahora el fiscal Alejandro Machado. La fiscal subrogante informó que Cibercrimen ya cuenta con 9.000 denuncias, proyectándose una segunda fiscalía para investigar este tipo de delitos porque, de lo contrario todo, derivará en el mismo fiscal.
En la comisión parlamentaria la fiscal Ferrero se refirió a la reforma del CPP en los siguientes términos: “No puede ser que ahora me vengan con un código que, en vez de tener un plazo de 60 o 90, va a tener uno de menos de 30. Hoy por hoy, las bandejas de los fiscales explotan de casos”, y agregó que “el tema es que no los podemos recargar más, porque hoy por hoy nos está sucediendo que muchos fiscales, con este sistema tan agobiante de audiencias, se están yendo”.
La Fiscalía General de la Nación es un servicio descentralizado, y para su control el Poder Ejecutivo cuenta con el artículo 197 de la Constitución de la República: “Cuando el Poder Ejecutivo considere inconveniente o ilegal la gestión o los actos de los Directorios o directores generales, podrá hacerle las observaciones que crea pertinentes, así como disponer la suspensión de los actos observados. En caso de ser desatendidas las observaciones, el Poder Ejecutivo podrá disponer las rectificaciones, los correctivos o remociones que considere del caso, comunicándolos a la Cámara de Senadores, la que en definitiva resolverá”. A su vez, en el artículo 44 de la Ley de Creación de la Fiscalía General de la Nación como servicio descentralizado, surge que al respecto de las observaciones del Poder Ejecutivo debe interpretarse el artículo 197 de la Constitución, referido únicamente al funcionamiento administrativo. Fuentes consultadas por Caras y Caretas indicaron que la restricción establecida en la ley podría ser inconstitucional, porque las observaciones a los entes autónomos y servicios descentralizados previstas en la Constitución son amplias, no se limitan a aspectos administrativos y, por tanto, la acotación que hace la ley es contraria a la Constitución.
En marzo de este año, legisladores de la oposición llegaron a un acuerdo político para garantizar la continuidad de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, rechazando además negociaciones para la renovación de su cargo que, según la Constitución, requiere mayorías especiales.
