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El gobierno de Lacalle Pou está acabado como proyecto político y de gobierno. Las reformas que tiene en el tintero seguramente no contarán con los votos completos de la coalición y, por lo tanto, difícilmente puedan implementarse.
Los motivos son muchos y algunos son estructurales de nuestro sistema político (las coaliciones tienden a desdibujarse cuando se acercan los períodos electorales), pero algunos de los motivos se aplican a este gobierno por sus características: cada vez es más costoso mantenerse alineado a un elenco de gobierno que ha cometido múltiples tropelías antidemocráticas, como surgen del así llamado caso Astesiano, que incluye el espionaje ilegal de senadores, dirigentes sindicales, estudiantes, docentes y hasta la exesposa del presidente.
Como resumen político de su gestión, nos queda su manejo de la pandemia, priorizando siempre algo distinto a la salud de las personas, el blindaje mediático que se instaló en su beneficio, y una constante ejecución de medidas para favorecer a los malla oro y perjudicar los ingresos reales y los derechos del pelotón.
Pero el otro balance que es necesario hacer es sobre el lado B de su mandato y ese balance todavía no podemos hacerlo con justeza, porque todos los días aparece algo nuevo y peor que lo que se conocía hasta la jornada precedente.
¡Ay de los ingenuos que creen que Astesiano era un malandra en un puestito de segundo orden! ¡Ay de esos pocos cándidos que no sean capaces de ver que el Fibra era una pieza clave o la pieza clave en un dispositivo de poder delegado para hacer el trabajo sucio! Solo un fanático del presidente, y un fanático que solo posee su fanatismo, pero ninguna información y ningún contacto, puede creer que embajadores, empresarios sojeros y de otros rubros, locales y extranjeros, jerarcas de países árabes u otras naciones, la plana mayor de la Policía, funcionarios de los ministerios, la presidenta del sindicato policial, empresas que licitaban con el Estado y un número interminable de prohombres del poder chateaban con Astesiano por casualidad y no porque estaba en contacto privilegiado con el presidente, que lo puso en esa cercanía a sabiendas de su prontuario.
El presidente intenta vanamente desprenderse de un caso que no le va a dar tregua ni lo deja dormir. Dice que no entiende el nexo, cancherea a los movileros que, salvo contados casos, no pueden repreguntarle, insiste en la película fantástica de su probidad, de que todos lo conocen, de que él no miente, de paradigma de la transparencia, mientras por todos lados su credibilidad hace agua, la confianza brilla por su ausencia y el mantra de sujeto intachable ya no convence a nadie.
Entre Lacalle Pou y Luis Alberto Heber están cavándole una fosa al Partido Nacional que va a tardar años en rellenarse y, para colmo de males para su doctrina, sucede en el contexto de un Partido Colorado que disputa cara a cara con la extinción electoral y un partido como Cabildo Abierto que está lejos de ser una opción de gobierno en el corto y en el mediano plazo.
Hace un tiempo advertimos que este caso se los iba a llevar puestos, mucho más allá de los esfuerzos ingentes de la fiscal por dejar al mandatario de lado del universo de sus sospechas. Y no se los va a llevar puestos por el concurso de un poderoso aparato de manipulación de la opinión pública en poder de la oposición, sino porque como nunca antes quedaron expuestos todos los vicios de un ejercicio inescrupuloso del poder que intentó avanzar como una topadora sin observar límites racionales, mucho menos éticos o legales.
Estamos viendo un corcho flotar, al pairo en un mar revuelto de revelaciones, sometido a una tormenta perfecta. Desde el punto de vista de la Justicia, lo más importante es que se conozca toda la verdad, caiga quien caiga; desde el punto de vista de las instituciones, lo mejor sería, indudablemente, que siga flotando como castigo, incapaz de hacer más daño, pero sin hundirse, hasta el final del período de su mandato.