Marset no sólo se fugó con un pasaporte vip, sino que se dio el lujo de venir y darnos la vuelta en la cara, llevarse a la familia y acceder a su nuevo paradero, donde se compró un club de fútbol, se puso la 10, llevaba una vida de ostentación y hasta transmitía sus partidos por TikTok. Nos tomó el pelo y lo hizo porque pudo, porque contaba con todos los recursos económicos y de contactos para hacerlo.
Es insólita la posición del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, ahora empeñado en una campaña multimediática para presentar a nuestro gobierno como el verdadero paladín de la persecución contra el jefe narco. Primero, porque es obvio que en Uruguay no lo estaban buscando. Sólo lo buscaron para darle el pasaporte. Pero, además, porque Heber está imputado en esta causa, así que está especialmente interesado en su destino. ¿Qué autoridad de otro país le brindaría información a Heber, sabiendo que Heber está siendo indagado por la Justicia porque se sospecha que incurrió en delitos penales para favorecer a Marset?
Nadie en su sano juicio le pasa información a alguien que está siendo indagado en la misma causa. Y Heber lo está. Como lo está el canciller Francisco Bustillo. El caso Marset, junto al caso Astesiano, caminan rápido hacia el estrellato de las series de Netflix, porque tienen todo el atractivo necesario para el éxito cinematográfico: crímenes, drogas, coimas, corrupción, extravagancia, política y hampa. Y eso es un desastre, porque convierte a Uruguay en un Estado sospechoso, para nada confiable, permeado por mafias poderosas.
El caso Marset pone de manifiesto que nuestra autopercepción de país libre de estos flagelos ya no tiene cabida. Seguramente no somos todavía un narcoestado, pero los narcos pesados están entre nosotros y tienen poder real e impunidad total.
