«El proyecto atenta claramente contra la Educación Pública tal cual la ha construido nuestra sociedad, y en especial esta nueva ley de educación que se promueve tiene un carácter refundacional que lesiona principios tan fundamentales, como la autonomía y la laicidad, que hemos defendido históricamente trabajadores y estudiantes organizados», dice el texto.
Los sindicatos manifiestan que la ley de urgente consideración tiene una nueva institucionalidad que «atenta» contra la autonomía de la Educación Pública consagrada por la Constitución de la República, Además, expresan que tiene una concentración de potestades y decisiones en el Ministerio de Educación y Cultura, incluso modificando para ello la ley orgánica de la Udelar y de la UTEC.
Plantean también que la ley de urgencia contiene la «desarticulación del Sistema Nacional de Educación Pública, eliminando la responsabilidad del Estado en garantizar el derecho a la educación y la potenciación del sistema del sistema público», así como de «políticas que el Estado se obligaba llevar adelante».
Finalmente, el CSEU rechaza el contenido y las formas en que se planteó la ley de urgente consideración. Además, resolvió llevar a cabo un conjunto de acciones, en términos de movilización, mediante los cuales puedan informar y debatir con el conjunto de la sociedad sobre las necesidades de nuestra educación pública.