Ha sido a lo largo de 2019, después de que Cuba hiciera explícito su apoyo al Gobierno de Nicolás Maduro tras la fallida autoproclamación de Juan Guaidó, cuando las sanciones estadounidenses sobre la isla comenzaron a arreciar más considerablemente.
A principios de junio de ese año, Washington aprobó restricciones contra La Habana, tales como la prohibición de los viajes grupales educativos a la isla, y la cancelación de las autorizaciones para barcos de recreo y de pasajeros, incluidos los cruceros y los yates, así como los aviones privados.
Tan solo unas semanas antes había entrado en vigor la totalidad de la conocida como «ley Helms Burton»‘, que permite que ciudadanos que hubieran visto sus tierras expropiadas durante la Revolución cubana realicen demandas en la Justicia estadounidense para tratar de recuperarlas.