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La Ley de Urgente Consideración obtuvo media sanción en la Cámara de Senadores y pasará a debatirse en la Cámara de Representantes, donde es difícil que tenga mayores modificaciones. En relación con el proyecto original del presidente Lacalle Pou, la ley contiene diferencias importantes, sobre todo en los artículos relacionados con las empresas públicas, en los que no prosperó la propuesta del presidente.
Como es evidente que el herrerismo trató de camuflar su proyecto privatizador de las empresas del Estado -que es buena parte del leit motiv de sus existencia- en una ley ómnibus inabarcable para distraer a la sociedad y desviar el debate político, el fracaso de la intentona y el consiguiente retiro de los artículos sobre Ancap y Antel constituyen una derrota personal del presidente, aunque todavía precaria, porque falta mucho para que termine su mandato y es muy probable que persevere por otros medios. Se sabe que la pasión de los neoliberales es reducir el Estado, mediante el ajuste y la privatización. Y las pasiones no se abandonan.
Sin embargo, y más allá de este revés que ha sufrido el presidente, que además observó desde las barras del Senado como se aprobaba el proyecto mutilado, la ley continúa siendo un desastre global, con artículos que afectan los derechos humanos, que restringen la libertad de expresión, que limitan el derecho a huelga, que criminalizan la protesta social, que favorecen el lavado de dinero, que introducen una reforma privatizadora de la enseñanza pública, que rezuman un punitivismo rancio y que, además, habilitan el gatillo fácil mediante la introducción de la legítima defensa presunta. Es una ley que solo puede ser urgente para un espíritu restaurador y patronal porque de las urgencias reales de la sociedad, las que tienen que ver con el deterioro abrupto de las condiciones de vida de la gente, no se pronuncia; directamente, las ignora.
Ahora bien, la supresión de las modificaciones que comprometían seriamente a Antel y liquidaban el monopolio de los combustibles de Ancap no sólo desdibujan la LUC en cuanto a las aspiraciones de Lacalle Pou, sino que también desdibujan la posibilidad de un referéndum para derogar la ley. Eso lo sabe el presidente, lo sabe la izquierda y lo sabe perfectamente el movimiento sindical. De haberse mantenido y aprobado esas iniciativas, el referéndum era seguro y la campaña, que habría sido sustancialmente en defensa de las empresas públicas, habría terminado por sepultar el conjunto de la Ley de Urgencia en las urnas, pero ahora ese camino parece más lejano, toda vez que resulta mucho menos probable que se concite el interés de la ciudadanía por otros temas que no involucran de forma tan directa el patrimonio del Estado.
En este contexto, el trámite actual de la Ley de Urgencia es un empate. La derecha avanza, indudablemente, en un proyecto que es, naturalmente, regresivo y represivo, pero cede en sus aristas más privatizadoras, lo que, como contrapartida, le asegura que la norma camine y tal vez la blinda ante la posibilidad de una campaña nacional de firmas y un referéndum derogatorio. Por otro lado, la izquierda puede jactarse de haber obligado a mutilar la ley y, en consecuencia, salvar Ancap y Antel de esta amenaza concreta, pero también observa como prosperan una cantidad de normas que van a afectar derechos fundamentales y van a hacer retroceder reformas que el Frente Amplio introdujo en el país y que cambiaron su fisonomía.
El empate es un resultado magro para un gobierno que recién arranca y que además no tiene buenas noticias que compartir, salvo que la pandemia no ha tenido en Uruguay una evolución mortífera, como sí la está teniendo en lo países de la región. Ese buen dato, que habrá que estudiar muy bien a qué debe adjudicarse, no se acompaña en los indicadores económicos que dan cada día peor: las estadísticas oficiales muestran aumento de la inflación, caída del salario real, devaluación de la moneda, reducción de la actividad económica, aumento del desempleo, aumento de la pobreza y aumento de la pobreza extrema. Todo eso, además, tenderá a agravarse con la política de ajuste y desmantelamiento que se encuentra en marcha porque el ajuste siempre es recesivo y un ajuste aplicado en el medio de una emergencia sanitaria como la que vivimos no puede producir otra cosa que un retroceso todavía mayor del consumo y la actividad económica, con su correspondiente deterioro del empleo y los ingresos de los trabajadores y jubilados. Ayer, además, con el primer paro parcial y movilización del Pit-Cnt comenzó otra etapa que irá creciendo, en la medida en que se profundice el proyecto conservador y se supere la emergencia por el nuevo coronavirus: la etapa de la protesta social, que será abundante y seguramente masiva. Veremos cómo lleva el gobierno la expresión disidente de las multitudes desconformes.