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Por Germán Ávila
Luego de sortear inmensas dificultades, el 24 de noviembre de 2016, en Bogotá, se firmó el acuerdo que ponía fin a la confrontación armada entre las FARC-EP y el Estado colombiano. Este movimiento armado tomó ese nombre en 1964, sin embargo, existía varios años antes como expresión armada organizada producto del incumplimiento del armisticio firmado entre las guerrillas liberales y el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla.
Las FARC negociaron y decidieron firmar un acuerdo de paz aun con los antecedentes históricos de incumplimientos sistemáticos, por un lado contra los grupos armados que entregaron sus armas en los 90 y que fueron perseguidos y sus principales dirigentes asesinados por fuerzas de ultraderecha, y por otro lado el de la Unión Patriótica, partido surgido de los primeros acercamientos entre las mismas FARC y el gobierno colombiano durante los años 80 y que sufrió el exterminio de casi 6.000 de sus miembros por parte de esa misma ultraderecha entre 1984 y 2002.
Las negociaciones en La Habana sufrieron constantes ataques mediáticos, se generó una ola de rumores acerca de los acuerdos logrados, mientras se negociaba en medio de la guerra, lo que añadía una tensión adicional ventilada desde la gran prensa, que durante todo el proceso se aseguró de que independientemente del resultado de los acuerdos, los excombatientes terminaran sin ningún tipo de legitimidad política.
Las redes sociales (WhatsApp cumplió un papel determinante) se convirtieron en la cueva desde donde se atizaron los miedos de todo un país, se habló de sueldos astronómicos para cada excombatiente, de la reducción de la mesada pensional de los colombianos para financiar el acuerdo, de pactos con el Ministerio de Educación para impartir doctrinas en los colegios, de acuerdos para que una vez terminado el gobierno de Juan Manuel Santos, asumiera la presidencia el comandante Timochenko por la vía de un decreto presidencial, en conclusión, se generó una campaña que aún no ha sido posible desmontar del todo.
Pero los ataques virtuales vinieron acompañados de ataques físicos y desde la firma del acuerdo hasta la fecha, se registran cerca de 150 excombatientes y más de 30 de sus familiares asesinados, todo esto en el marco de una campaña de terror contra las organizaciones sociales que ha costado la vida de más de 500 líderes sociales desde la firma del acuerdo.
Por otro lado, la seguridad jurídica de los excombatientes tampoco ha estado a la altura del acuerdo, no todos los prisioneros políticos, han sido liberados y el caso más emblemático ha sido el de Jesús Santrich, quien fue acusado de narcotráfico con un sustento jurídico muy débil y quien finalmente tuvo que ser dejado en libertad debido a ello.
El ataque judicial contra Santrich fue el detonante que hizo que primero Iván Márquez junto con Óscar Montero, el Paisa, se retiraran clandestinamente de los espacios territoriales donde se encontraban; luego otros excomandantes fueron saliendo del radar de la Unidad Nacional de Protección, entidad gubernamental encargada de su seguridad.
El cambio de gobierno llegó y con este la radicalización contra lo firmado. Iván Duque asume la presidencia como vocero del sector que estuvo contra cualquier acuerdo que obligara a que quienes hubiesen participado del conflicto, desde cualquier escenario, fueran presentados ante la justicia. Por su parte, los medios continuaron en la disciplinada tarea de mellar la legitimidad del acuerdo señalando a los excomandantes que se alejaban de los espacios territoriales, pero guardando silencio frente a los incumplimientos del gobierno que desde el inicio trató de desconocer el acuerdo.
El gobierno de Duque agudizó la persecución contra las expresiones sociales y torpedeó lo poco que se logró implementar de los acuerdos, de tal manera que poco a poco se ha ido reincorporando el espíritu de la guerra con el regreso de las masacres, la reaparición de grupos paramilitares, que bajo la firma de Águilas Negras amenazan y asesinan a lo largo y ancho de Colombia.
Es decir que con la entrega de armas de las FARC, contrario a lo que se esperaba, la violencia no se calmó, en realidad sus expresiones variaron y se concentraron en algunos lugares; en algunos casos surgieron de estructuras residuales de las FARC que no se sumaron al proceso, en otros, producto de dinámicas propias de economías ilegales y, en otros, combinaciones de todo lo anterior.
Durante el proceso de paz con las FARC, se habló de que llevarlo a buen puerto era sinónimo de lograr la paz en Colombia, tal vez porque la más representativa de las expresiones del conflicto era esa, pero claramente no era la única.
Firmado el acuerdo y aun con todos los miembros de FARC sentados en su congreso constitutivo como partido en setiembre de 2017, la guerra en Colombia no se fue. Claramente se trató de un error, producto de la lectura del momento, endilgarle al tratado de paz con las FARC la responsabilidad mayúscula de toda la paz de Colombia, sobre todo cuando ha sido una constante histórica que el mayor ejercicio de violencia política viene de los sectores más poderosos que gobiernan con apoyos armados desde el siglo XIX.
Y ese mismo error se comete hoy desde la oposición al afirmar que toda la responsabilidad del espíritu de la guerra recae en Álvaro Uribe, que sin duda es su representante más notable y entusiasta, pero son los grandes empresarios que juegan a todas las bandas, sacan provecho de todo y se han beneficiado ampliamente con la guerra los que realmente mecen la cuna, son quienes usan los megaaparatos de propaganda para mantener sus intereses intactos, y si algún día se ven en la necesidad de arrojar a Álvaro Uribe a los leones y sacrificar su figura para calmar las aguas, lo harán; así la masa sentirá que logró justicia y ellos seguirán inmaculados en sus altares.
Una muestra de esos fallos en la interpretación es que la sociedad colombiana colapsó de temor el pasado 29 de agosto cuando ante sus atónitos ojos, se confirmó públicamente el secreto a gritos de que Iván Márquez y otros comandantes, dentro de los que se encuentra Santrich, retomaron las armas; en una declaración de casi 30 minutos en video, hacen una narración de lo que ellos consideran los motivos que los llevan a tomar esa decisión y se puede no estar de acuerdo con ella, pero claramente no mienten.
Los nombres que más suenan en esta nueva declaración de beligerancia son los de Márquez y Santrich sobre los que ya se ha dicho bastante; sin embargo, hay otro caso que vale la pena ver: Henry Castellanos -su nombre de combatiente fue Romaña, hombre de guerra y apreciado comandante dentro de sus filas- tuvo bajo su orientación varias unidades victoriosas y la época de mayor influencia del temido Frente 53, que estuvo siempre acechando desde la montaña a Bogotá; tuvo una enorme red de milicias y unidades de apoyo urbano que lo convirtieron en un referente de la lucha armada durante décadas. Una vez firmado el acuerdo se retiró al sur de Colombia en la frontera con Ecuador, a la unidad que quedó bajo su dirección para el proceso de reincorporación; una vez allí se empeñó en resolver las necesidades básicas de lo que antes fueron sus tropas y ahora eran sus compañeros en la aventura de retomar la vida civil.
Los incumplimientos del gobierno en cuanto a alimentación, vivienda y saneamiento lo llevaron a generar emprendimientos colectivos logrados con los pocos aportes que los excombatientes podían hacer, empezaron a fabricar calzado, sembraron ananá y vendieron arena, sin embargo, el fantasma de la guerra los persiguió y durante un espectacular operativo, las fuerzas militares entraron al lugar donde se encontraban concentrados para capturar a Don Ti, quien según el gobierno era un temido narcotraficante, pero que para sus compañeros del Espacio Territorial, era uno más de ellos y se le estaba señalando de manera injusta. Esto junto con la falta de escenarios de comercialización de sus productos, hizo que el espacio colectivo se debilitara y los excombatientes, incluido Romaña, se retiraran de ahí.
En un nuevo intento por mantener a los ex combatientes dentro del proceso, Romaña se fue para el departamento del Meta, donde estableció un nuevo proyecto de cultivo de girasol y choclo; para ello logró el apoyo del gobierno sueco y un empresario francés que donaron las semillas. Junto con él estaban 300 excombatientes más.
Allí dio una entrevista al periódico El Espectador que fue publicada el 28 de mayo de 2018, en la que dijo que ahora prefería que le llamaran Henry y no Romaña, afirmó que había dejado la guerra atrás, que no quería regresar a ella y pedía ayuda para continuar con el proyecto, convocaba a las empresas y cooperativas a que compraran sus productos e instaba a las autoridades locales a que les permitieran a los excombatientes arreglar las vías que permitirían facilitar la salida de los productos y la entrada de los insumos; nada de lo anterior ocurrió. Esa fue la última vez que se supo públicamente de él, hasta el pasado 29 de agosto, cuando apareció junto con Iván Márquez, Santrich y el Paisa en el video de declaración de retoma de armas.
En el video del 29 y uno posterior en el que habla Santrich, se anuncia la reestructuración de las FARC-EP con milicias y partido clandestino, lo que seguramente ocurrirá, pues seguramente quienes se apartaron del proceso de paz desde el inicio, verán a Iván Márquez como un referente de mando. Por otro lado, el video anuncia un nuevo modo de operar, en el que no se primará el choque con las fuerzas militares y policiales, sino la persecución directa a la oligarquía, lo que permite adelantar que el modo de operar en esta nueva etapa será sustancialmente de golpes urbanos.
Pero ante este panorama de persecución e incumplimiento cabe preguntarse por qué la mayoría de los excombatientes se quedó dentro del proceso. Las respuestas serían tal vez muchas, que van desde razones personales hasta las más estoicas razones de índole política sobre la necesidad de sostenerse en el compromiso firmado aún por encima del natural instinto de supervivencia.
Claramente hoy dentro del partido, resultado del acuerdo de paz, hay fuertes diferencias que se profundizan debido a la situación que viven principalmente los excombatientes en las regiones producto de la persecución armada contra ellos y los incumplimientos materiales del gobierno, pero el acuerdo sobre lo fundamental persiste mayoritariamente en cuanto a sostenerse en el marco del acuerdo, pues la opción de retornar a la guerra y sus duras condiciones tampoco es un horizonte muy halagüeño.
Hoy para Colombia se cierne un panorama que no es fácil, pero no por la decisión de un grupo de excombatientes de retornar a las armas, que los obliga a un reagrupamiento que oriente su accionar a un campo en el que habían sufrido bastantes reveses, como el urbano; realmente el panorama no es fácil porque la lección impartida durante el pasado proceso de paz de La Habana está tardando en ser incorporada, y se vuelve al espejismo de depositar en voluntades y actitudes individuales los desarrollos que son netamente colectivos y políticos, como la materialización de la paz, o al menos el final sensible de las expresiones armadas, lo que incluye mayoritariamente las que son financiadas, protegidas e impulsadas desde el estado mismo.
Lo real es que por más incumplimientos que el Estado haya tenido y por más razones que se puedan hallar a los argumentos de quienes han decidido el rearme, en su abrumadora mayoría la población colombiana no apoya la expresión armada como respuesta, los dolores son muchos y las heridas aún están abiertas. Las décadas de discursos contra la política hecha con las armas en la mano y los miles de mentiras dichas muestran sus resultados, y el necesario apoyo popular para cualquier expresión de resistencia en armas, en Colombia, es tan limitado que casi no existe y se circunscribe a las porciones del territorio donde siempre han estado relegados los más excluidos.
Urge hoy en y hacia Colombia, por parte de la comunidad internacional, un acompañamiento que permita encarrilar de vuelta el espíritu inicial del acuerdo, cuyo cumplimiento no se deje a discreción del Estado y menos del gobierno de turno, pues el estado del proceso hoy corresponde con el trato recibido e independientemente de si se considera justificable o no en términos políticos e incluso humanos el rearme, era lo que en algún momento iba a ocurrir; el riesgo de que hubiese quienes decidieran no esperar inermes a que los encarcelen o asesinen y se rearmaran era inminente.
No hay que olvidar que la exigibilidad a los excombatientes no puede ser la misma cuando el gobierno cumple y se retorna a las armas, que cuando lo que se trata de proteger es la vida, pero desafortunadamente lo que hoy se debe discutir no es si la reacción es justa, sino si en este momento es útil o de qué manera puede llegar a serlo para avanzar en identificar los mayores generadores de violencia en Colombia y cómo desarticularlos, sobre todo cuando la crisis de gobernabilidad de Iván Duque llega a niveles épicos, su figura no convoca ni siquiera a su propio sector y no es tomado en serio, sino por presidentes que viven crisis similares o peores como Macri o Bolsonaro.
Es de recordar que no se debe confundir la reaparición de las FARC con el regreso a la misma guerra que se libró hace años, aunque la situación colombiana pareciera haberse anclado 20 años de regreso, la historia no es tan plana y hoy, producto justamente de la movilización generada al rededor de la paz, hay una ciudadanía amenazada pero mucho más organizada y actuante frente a un gobierno débil y que no convence sino a sus correligionarios más obtusos, la base social de la ultraderecha ya no es tan homogénea y en algún momento se recordará que aislar las expresiones políticas en armas es lo que verdaderamente atiza los odios y cierra los escenarios de diálogo.
En conclusión, debe ser la ciudadanía quien se encargue de corregir el rumbo que la institucionalidad ha perdido. Colombia alcanzó a ver el final del conflicto, eso ya no se olvida, así quisieran retroceder, ya no se puede; esta generación vio una salida y no debe parar hasta volver a encontrarla y atravesarla.