En mi país qué tristeza, la pobreza, el rencor

Hay quienes encontraron un lugar abandonado donde pueden protegerse y tirarse a dormir. Otros lo hacen donde pueden y muchos donde hay más en la misma situación, que es una manera de cuidarse.

Es una población muy disímil. Son muchísimos más hombres que mujeres; muchos jóvenes pero, en general, menos ancianos los hay de todas las edades; hay mujeres embarazadas y madres que cargan con sus niños; hay adictos, enfermos mentales y, sobre todo, muchos expresos.

No pocos han perdido sus trabajos y, al carecer de familia o “redes de contención”, terminaron en la calle.

La gente les teme porque se violentan, porque roban o porque afean su paisaje. Pero también hay muchos que, en medio de su desgracia, se comportan como buenos vecinos, no generan problemas y ayudan en lo que pueden. Por eso también reciben solidaridad.

“Míreme bien, hace meses que no me baño; no tengo ropa, no tengo una dirección, ¿quién me va a dar trabajo?”, dijo el invierno pasado un hombre joven que buscaba comida en un contenedor. Era un trabajador gastronómico, oriundo de Cerro Largo, sin familia, que había llegado a Maldonado para trabajar “todo el año”, según le dijeron. Pero al terminar el verano, el dueño del restaurante cerró, desapareció y no pagó sus deudas laborales. “Yo vivía en una pensión, pero ya no pude pagarla y tampoco conseguí trabajo. Así llegué a la calle. Duermo donde me agarra la noche. La gente me ayuda mucho y yo hago changuitas, pero no tengo ninguna esperanza de recuperar mi vida anterior”.

En estos días muchos habitantes de Punta del Este comenzaron a recolectar firmas para pedir a las autoridades su intervención para “alejar del lugar” a muchas personas que, en estado de calle, ocupan lugares públicos o terrenos baldíos. En San Carlos ocuparon hasta una garita.

El año pasado comerciantes del centro de Maldonado y vecinos reclamaban por los desórdenes callejeros y hasta hechos de violencia que ocurrían en cercanía de refugios del MIDES o en la plaza de San Fernando. Alguna alcaldía llegó a pagarle el pasaje de regreso a sus departamentos de orígen.

Es claro que nadie los quiere cerca. No les hablan, no les ayudan, recurren a la Policía para retirarlos.

Maldonado, tal vez el departamento más rico del país, ha visto crecer exponencialmente la cantidad de gente en situación de calle. No hay un censo y por lo tanto no se sabe cuántos son. El MIDES hace lo que puede; la Intendencia también, pero nada es suficiente.

El problema ha crecido significativamente en casi todo el litoral, pero también lo sufren San José, Tacuarembó, Durazno, Cerro Largo, Rocha.

Es muy evidente que algo se ha hecho mal durante años para que, en lugar de solucionarse, la situación sea más grave cada vez.

Ahora llega el invierno y las bajas temperaturas. El martes murió en Montevideo una persona en estado de calle. ¿Cuántos más morirán este año?

Un plan sin recursos

El martes, el Gobierno dio a conocer un plan que tituló “La calle no es un lugar para vivir-Primera Estrategia Nacional sobre Situación de Calle”. El documento hecho público comienza afirmando: “La experiencia acumulada demuestra que para que nadie viva en la calle todo el Estado debe trabajar para resolver un problema de magnitud nacional. Aseguramos que la forma de trabajar para prevenir, reparar y superar la situación actual (teniendo en cuenta las características de nuestro país) es un modelo propio al que designamos como ‘3V’: Vínculo / Vivienda / Vida”.

Agrega: “Esta Primera Estrategia Nacional sobre Situación de Calle es resultado de un proceso participativo y de la experiencia acumulada por el país: Proceso participativo 2025 con más de 2.000 personas en todo Uruguay (incluyendo a las personas en situación de calle, las y los trabajadores, la academia y los organismos públicos y privados implicados). Experiencia histórica acumulada y experiencia de implementación del nivel superior de coordinación interinstitucional durante la Alerta Roja por frío extremo”.

Sin embargo, el plan tiene un problema no menor: en ningún lugar dice cuánto costará su implementación y cómo se financiará.

En un momento de crisis económica global, con un déficit fiscal muy importante y sin márgen para obtener recursos sin mayor endeudamiento, no queda claro de dónde saldrá el dinero para sostener todo el año los centros de estadía transitoria, ni cómo serán las soluciones de vivienda con acompañamiento para 3.000 personas en el año 2028, ni siquiera de dónde saldrán los 2.000 puestos de trabajo que se prometen.

Las intenciones del plan son inobjetables, pero, como en tantas otras cosas, parece hecho por personas cómodamente instaladas en su escritorio, que manejan un lenguaje técnico y saben de diseño gráfico. Pero la realidad es muy diferente.

En los últimos 40 años el país ha gastado decenas de millones de dólares en estudios, análisis, reuniones, congresos, viajes para intentar saber qué pasaba con la pobreza en Uruguay. Con esos dineros mucha gente vivió bien. Los pobres nunca vieron un peso.

Hace un año el problema más importante a resolver era la pobreza infantil, pero en nada se ha avanzado. Ahora nos encontramos con que el problema más importante son las personas en estado de calle. Y probablemente el año que viene el problema prioritario será otro.

Así vamos, sin darnos cuenta de que casi todo lo hecho en los últimos 40 años estuvo mal. Veamos por qué.

La cárcel no es solución sino problema

Esta semana, la directora del INR, Ana Juanche, durante una entrevista en radio Sarandí, dio números alarmantes sobre las cárceles uruguayas. Al día de hoy hay 17.000 personas encarceladas, más otras 9.000 que cumplen prisión domiciliaria o medidas alternativas. Unos 30 presos son liberados cada día, es decir, unos 9.000 al año. Algo más de la mitad reinciden. Es decir que cada año salen miles e ingresan miles, por lo que la población vinculada al mundo del delito, entre actores directos y familias, tal vez supere largamente a las 100.000 personas. En un país de 3.500.000 de habitantes.

Cada preso le cuesta al Estado mil dólares mensuales, o sea 17 millones de dólares por mes o 204 millones al año. O sea, gastamos mil dólares por mes para enviar a los tipos a una universidad del delito. Seguro que si a un alto porcentaje les diéramos mil dólares al mes en la mano no volverían a delinquir.

Ocurre que la sociedad presiona y los legisladores ceden. Y así durante años se consideró que creando nuevos delitos y aumentando las penas se resolvería la situación de inseguridad.

Pero dato mata relato, y la realidad indica que estamos cada vez peor.

En la cárcel está una de las génesis de la situación de calle. Casi unánimemente se coincide que un gran porcentaje de liberados terminan viviendo en la calle, probablemente delinquiendo otra vez para regresar a la cárcel. Un modelo de gestión que es como una serpiente que se muerde la cola.

El Ministerio del Interior va a gastar solo en nuevas tecnologías unos 150 millones de dólares. Un ministerio que, dicho sea de paso, tiene el mayor presupuesto en todo el Gobierno.

Que esto ocurra no es culpa de nadie y es culpa de todos. Es propio de un sistema creado en el tiempo.

Como todos los políticos están en campaña electoral, no existe la esperanza de que un día alguien diga “basta” y empiecen a trabajar juntos. Por ahora solo alimentan el rencor.

En tanto, la pobreza seguirá siendo una de nuestras mayores tristezas.

N. de Red: El título fue tomado de “Adagio en mi país” de Alfredo Zitarrosa.