En la delegación diplomática se encuentran refugiados varios miembros del pasado Gobierno de Morales, entre los que destacan el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana; el de Justicia, Héctor Arce; y la otrora titular de Culturas, Wilma Alanoca.
El pasado viernes se desplazaron a la sede diplomática los citados diplomáticos españoles, que acudieron al lugar escoltados por cuatro miembros del Grupo de Operaciones Especiales (GEO) del Cuerpo Nacional de Policía Nacional.
Cuando los policías españoles se disponían a recoger a los diplomáticos desplazados a la embajada, agentes de la policía boliviana les interceptaron impidiéndoles seguir el paso, lo que provocó una reacción por parte de un grupo de civiles opositores a Morales, agolpados frente a la sede diplomática, que increparon a los funcionarios españoles y zarandearon vehículos con matrícula diplomática.
En opinión de Añez, los diplomáticos españoles desplegaron una “conducta hostil” e intentaron de forma “clandestina” ingresar en la embajada mexicana “desafiando a los oficiales policiales bolivianos y a los propios ciudadanos”
En concreto, el Gobierno de facto de Bolivia denuncia un supuesto plan internacional para facilitar la fuga de las autoridades bolivianas que se exiliaron en la embajada tras el golpe de Estado de noviembre pasado.
Según la versión española, la presencia de sus funcionarios en la sede se debe simplemente a una visita «de cortesía» entre miembros de las distintas misiones diplomáticas.
En consecuencia, España rechazó de forma tajante las insinuaciones sobre una supuesta voluntad de injerencia en los asuntos políticos internos de Bolivia.
“Para España cualquier afirmación en este sentido, constituye una calumnia dirigida a dañar nuestras relaciones bilaterales con falsas teorías conspiratorias”, reza el comunicado emitido en la tarde de este lunes por la cancillería española.
Madrid manifestó su deseo de que mantener unas relaciones de “estrecha amistad” con Bolivia y, en ese sentido, exigió al actual Gobierno de facto que “reconduzca y desescale los contenidos de sus afirmaciones”.
Los funcionarios bolivianos que serán expulsados de España son Luis Quispe Condori, Encargado de Negocios; Marcelo Vargas Barral, agregado Militar; y Orso Fernando Oblitas Siles, agregado policial.
Los tres disponen de un plazo de 72 horas para abandonar el país.
