De forma inmediata agrupaciones jurídicas y a favor de los derechos humanos criticaron la medida.
Katherine Gallagher, abogada del Centro de Derechos Constitucionales, que representa a víctimas de crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos e Israel, ha expresado: “Las sanciones anunciadas por el secretario de Estado Mike Pompeo contra Fatou Bensouda, fiscal de la Corte Penal Internacional, constituyen un ataque frontal al Estado de derecho. […] Esta acción muestra que el Gobierno de Trump está dispuesto a apoyar dictadores y criminales de guerra en lugar de víctimas de crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad”.