Además, las organizaciones firmantes exhortaron a la sociedad a tomar conciencia sobre la gravedad de los hechos. «Vivimos en un país en el cual los adultos continúan negociando los cuerpos y vidas de las niñas, niños y adolescentes tal cual una mercancía», expresaron asegurando que la explotación sexual «es una de las más graves violaciones a los derechos humanos».
Ante la situación mencionada, las organizaciones involucradas exigen de carácter «inmediato y urgente» que el Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y Explotación de Personas instrumente «un plan de protección y atención integral e inmediata para las 20 personas adolescentes en grave riesgo al estar en contextos de explotación sexual y aquellas otras que se pudieren identificar en idéntica situación».
Asimismo, piden que el Ministerio del Interior «disponga investigación administrativa, inicio de sumario e inmediata separación del cargo, a fin de esclarecer la responsabilidad funcional de todo servidor público que esté involucrado en los hechos, que haya omitido el cumplimiento de sus deberes o desempeñado la función de manera tal de facilitar o participar en las redes de explotación».
También hacen referencia al Ministerio de Desarrollo Social e Instituto Nacional de las Mujeres, reclamando una «estrategia de cuidado institucional que garantice la seguridad de personas técnicas y profesionales que cotidianamente acompañan y prestan asistencia a esos niños, niñas y adolescentes».
El documento también le pide al Gobierno Departamental de Treinta y Tres «que ponga los recursos materiales y humanos disponibles para brindar apoyo real a las familias de niños, niñas y adolescentes en grave riesgo al estar en contextos de explotación sexual» y al Instituto Nacional del Niño y el Adolescente «que disponga todos los cambios operativos necesarios para que en el departamento de Treinta y Tres se concentre personal calificado, experto y comprometido con el cuidado niños, niñas y adolescentes en contextos de explotación sexual, con capacidad para afrontar la difícil situación que se presenta en territorio».
Al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, instrumente políticas educativas de permanencia y reinserción al sistema, que contemplen y atiendan eficazmente la realidad de vida de niños, niñas y adolescentes en contextos de explotación sexual.
Por último, le piden al Parlamento Nacional la puesta en práctica de mecanismos de control sobre las normas aprobadas; a la Fiscalía General de la Nación garantías en la investigacion y persecucion de los explotadores sexuales, así como la atención de víctimas y testigos, y al Poder Judicial «un sistema de justicia nacional que garantice los derechos humanos, y no, que garantice la impunidad de quienes los violan».
